A un año del colapso, la homilía de recordación convirtió el duelo en una exigencia frontal de justicia y mayor escrutinio penal
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – El tono cambió y ya no fue simbólico. Durante la eucaristía en memoria de los fallecidos por el derrumbe del techo del Jet Set, el obispo Rogelio Cruz dejó atrás el ruego y pasó a la exigencia abierta, al cuestionar tanto la credibilidad del proceso judicial como la actitud de la familia Espaillat. El giro ocurrió mientras el caso sigue en audiencia preliminar y el Ministerio Público insiste en llevar a juicio a los propietarios del centro nocturno por una tragedia que dejó 236 muertos y más de 100 heridos.
El tono cambió
Ya no se trató de una invocación moral genérica. En el acto de recordación, Rogelio Cruz colocó la discusión en un terreno más incómodo para el poder. Dijo que la justicia no puede seguir funcionando para quien tiene influencia o recursos, y dejó una frase demoledora sobre la desconfianza ciudadana en el sistema. Ese señalamiento no cayó en el vacío. Venía precedido por críticas públicas al comunicado difundido por la familia Espaillat, al que calificó como una “burla”, y por reparos al manejo judicial del expediente. La homilía, por tanto, no fue un simple rito religioso. Fue una intervención política, social y ética, pronunciada en el sitio donde todavía pesa la memoria del derrumbe.
Lo relevante, además, es el momento. El reclamo se produjo justo cuando el caso volvió a tensarse en los tribunales. El Ministerio Público solicitó enviar a juicio a Antonio y Maribel Espaillat, mientras la audiencia preliminar fue recesada hasta el 20 de abril de 2026. En paralelo, la procuradora general sostuvo que las 236 víctimas mortales y las más de 100 personas heridas merecen justicia en un plazo razonable. Esa coincidencia entre duelo, presión pública y fase procesal explica por qué la solicitud de justicia en el caso Jet Set reapareció con tanta fuerza en el debate nacional. Ya no se habla solo de dolor. Se habla de responsabilidad penal, de trato desigual y de la sospecha persistente de privilegios.
La dimensión humana también pesa. Un año después del colapso ocurrido el 8 de abril de 2025, las familias siguen reclamando respuestas en medio de desistimientos, acuerdos civiles y una percepción extendida de impunidad. Acento reportó que más de 180 víctimas habrían salido del proceso por desistimientos y acuerdos extrajudiciales, aunque más de 100 familias y sobrevivientes continúan exigiendo justicia. Ese dato no clausura el expediente penal, pero sí revela una fractura social delicada. Cuando una tragedia masiva termina administrada entre compensaciones privadas y lentitud judicial, la confianza pública se erosiona. Y ahí, precisamente, fue donde el mensaje de Rogelio Cruz encontró su blanco.
Proceso bajo presión
El caso no se mueve en el vacío emocional de una misa. Se mueve dentro de un expediente judicial que, según el Ministerio Público, descansa sobre alegatos de negligencia grave por supuestas omisiones estructurales en el local. Medios dominicanos y reportes basados en la acusación fiscal han señalado que el órgano persecutor atribuye el colapso a fallas no corregidas y al manejo imprudente del establecimiento. Además, el proceso fue declarado de alta sensibilidad pública por el número de víctimas, la notoriedad del hecho y la presión social acumulada. En ese contexto, la justicia caso Jet Set dejó de ser una consigna de calle y pasó a convertirse en una demanda sostenida con implicaciones penales, civiles e institucionales.
Aquí conviene separar hechos de percepciones. Es verificable que el Ministerio Público pidió juicio de fondo y que la audiencia preliminar continúa abierta. También es verificable que Rogelio Cruz cuestionó la actuación del sistema y el comunicado de la familia Espaillat. Lo que todavía tendrá que ser probado en sede judicial es el nivel exacto de responsabilidad penal de los imputados y el peso de cada evidencia técnica. Sin embargo, el problema político ya está instalado. Cada aplazamiento alimenta dudas. Cada privilegio percibido contamina el proceso. Y cada gesto tardío de los actores vinculados al caso es leído por una parte del país como un intento de administrar reputación, no de asumir consecuencias.
Lo que dicen las cifras
Las cifras ayudan a entender la magnitud. El saldo de 236 fallecidos ubica el colapso del Jet Set entre las tragedias civiles más graves de la historia reciente dominicana. Listín Diario reportó, además, más de 180 heridos y la movilización de 4,580 colaboradores de 22 instituciones durante las labores de respuesta. Esos números explican por qué el discurso del “accidente” ya no satisface a buena parte de la opinión pública. La escala del desastre empuja otra pregunta: si hubo advertencias, filtraciones o señales previas, ¿por qué no se evitó? Esa pregunta todavía no ha sido respondida de forma concluyente. Y mientras no lo sea, la justicia caso Jet Set seguirá funcionando como una herida abierta para el país.
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