La denuncia escala en La Vega entre reclamos políticos, presión comunitaria y sospechas de proyectos inmobiliarios en una zona histórica y ambientalmente sensible
LA VEGA, República Dominicana, – El debate por la tala en Santo Cerro subió de nivel tras la solicitud formal del regidor Esteban García para que el Ayuntamiento de La Vega emita un rechazo público al desmonte de árboles, mientras comunitarios y ambientalistas denunciaron ante HOY que la intervención respondería a un presunto proyecto inmobiliario en la zona. La controversia ya mezcla presión social, patrimonio histórico y posibles responsabilidades legales y ambientales.
Pedido formal
En la sesión extraordinaria del 13 de abril de 2026, el regidor Esteban García pidió que el Ayuntamiento de La Vega asuma una posición institucional contra el desmonte de árboles en Santo Cerro. Según la información base suministrada por henry_pena_noticias, el regidor planteó que el gobierno local debe actuar con claridad ante una amenaza que toca el equilibrio ambiental de la comunidad. Esa formulación importa, porque no equivale todavía a una resolución oficial publicada por el Ayuntamiento, sino a una solicitud política formal dentro del órgano municipal.
Valor del lugar
El caso no se limita a una discusión sobre árboles. Santo Cerro es uno de los puntos religiosos y simbólicos más relevantes de La Vega y del país. El portal oficial de turismo dominicano lo describe como un santuario de alto valor espiritual e histórico, además de un centro de turismo religioso en la provincia. Por eso, cualquier tala en Santo Cerro tiene un impacto que rebasa lo paisajístico y entra en la discusión sobre patrimonio, uso del suelo y protección territorial.
Nueva denuncia
La denuncia tomó otra dimensión con la publicación de HOY, que reportó que comunitarios y defensores ambientales del Cibao Central afirman que una empresa privada estaría realizando talas masivas con el supuesto propósito de construir villas, casas veraniegas y apartamentos para venta. El diario atribuye esos señalamientos a José Antonio Cabrera y a Guanchy Compres, coordinador del Grupo Los Peregrinos del Cibao, quienes reclamaron una investigación exhaustiva y calificaron el hecho como un grave daño ambiental.
Sospecha inmobiliaria
Ese dato cambia el enfoque narrativo. Ya no se trata solo de una tala denunciada por su impacto ecológico, sino de una intervención que, según los denunciantes citados por HOY, tendría un objetivo urbanístico privado. Cabrera sostuvo que grandes porciones de áreas verdes habrían sido impactadas, mientras Compres pidió verificar si existen permisos ambientales, estudios técnicos y cumplimiento de normas de protección ecológica y patrimonial. En términos periodísticos y legales, eso obliga a usar una fórmula rigurosa: se denuncia un presunto proyecto inmobiliario, pero no hay constancia pública, en la evidencia revisada, de una autorización oficial confirmada para esa obra.
Presión acumulada
La nueva publicación de HOY no apareció en el vacío. Ya existían reportes de daños en flora y fauna en la zona y advertencias públicas sobre el impacto ecológico de las intervenciones en Santo Cerro. Además, datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente indican que La Vega mantiene una cobertura boscosa de 1,236.95 km², equivalente al 53.90 % de la superficie provincial, un dato que refuerza el peso ambiental de cualquier desmonte en áreas sensibles. En paralelo, la discusión entra en el terreno del ordenamiento territorial y del uso de suelo, donde la legalidad de cualquier proyecto debe pasar por permisos, evaluaciones y controles públicos.
Marco legal
También hay base legal para exigir una respuesta pública. La Ley 368-22 de ordenamiento territorial dispone que el uso del suelo y la planificación territorial deben atender criterios ambientales, culturales y de sostenibilidad. Además, la normativa forestal dominicana y la estrategia nacional contra la deforestación insisten en conservación, manejo sostenible y control de la degradación de los bosques. En ese marco, la petición del regidor adquiere dimensión institucional y no solo política.
Presión compartida
García sostuvo que la defensa del lugar compete a las autoridades y a la ciudadanía. Esa línea conecta con el tono de creciente presión social que rodea el caso. Sin embargo, la prueba decisiva será otra: si el Ayuntamiento de La Vega publica o no un documento oficial de rechazo, y si las autoridades ambientales abren acciones concretas de inspección, sanción o restauración. Ahí es donde termina el discurso y empieza la responsabilidad pública. Fuente base de la denuncia: henry_pena_noticias.
#AlcarrizosNews #LaVega #SantoCerro #MedioAmbiente #Deforestación #PatrimonioNatural
