Acoso sexual en La Perito: denuncias abren investigación de docentes

Las denuncias de una menor y una psicóloga abrieron las pesquisas contra varios docentes del centro educativo

SANTO DOMINGO, República Dominicana, – La denuncia de una menor sobre acoso sexual escolar ha desatado una investigación que involucra a varios docentes del politécnico Víctor Estrella Liz, conocido como “La Perito”. La denuncia, realizada también por la psicóloga del centro educativo, apunta a abusos cometidos durante los últimos años, y ha llevado a las autoridades a solicitar una revisión exhaustiva de los hechos. La investigación se amplía ahora a varios profesores, y algunos incluso podrían enfrentar cargos criminales. Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez exigen que el proceso sea exhaustivo y no se limite solo a los hechos recientes, sino que abarque los últimos diez años.

Denuncia que sacude a la comunidad educativa

El caso que involucra al politécnico «La Perito» ha generado una conmoción en la comunidad educativa y en la opinión pública. La psicóloga del centro fue una de las primeras en alertar sobre los abusos, pero, según las versiones disponibles, su intervención fue desautorizada por la directora del centro, lo que pone en duda la respuesta institucional ante este tipo de denuncias. A pesar de ello, la psicóloga insistió en su denuncia, lo que finalmente permitió que se iniciara la investigación.

Investigación en curso: ¿Qué dicen las autoridades?

El profesor de matemáticas, Inocencio Lebrón Montero, es uno de los principales señalados en la denuncia y fue arrestado este viernes por presunto abuso sexual contra menores. Sin embargo, el caso no termina con él. Según la fuente de la denuncia, señala a Jorge de Peña, profesor de sociales, a Víctor Concepción, de educación física y otros dos de los que no pudimos obtener sus nombres como docentes mencionados dentro de las pesquisas. Sin embargo, hasta que una autoridad confirme cargos formales, debe preservarse la presunción de inocencia.

La investigación debe abarcar más de una década

A pesar de que el caso ha desatado una respuesta institucional, las organizaciones defensoras de los derechos de los menores han solicitado que la investigación no se limite a los hechos recientes. Según ellos, debe incluirse una revisión de los últimos diez años, para verificar si existen otros casos de abuso que no hayan sido denunciados. Esto ha generado un debate sobre las deficiencias de los protocolos de denuncia dentro de las instituciones educativas y la necesidad de que las autoridades mejoren los mecanismos de protección de los estudiantes.

La información también indica que Secundina Vallejo, fue requerida para fines de investigación. Ese punto resulta relevante, porque cualquier denuncia sobre acoso sexual escolar obliga a revisar qué sabía la administración, cuándo lo supo y cómo actuó.

La legislación sobre protección infantil

El caso también pone en evidencia la importancia de seguir los protocolos establecidos en la Ley 136-03, que establece la obligación de denunciar cualquier situación de abuso contra menores. Esta ley, junto con la Ley 24-97, establece las normativas relacionadas con el abuso sexual infantil, pero algunos críticos señalan que la falta de aplicación efectiva de estas leyes en las instituciones educativas ha permitido que estos casos queden impunes durante años. La denuncia de la psicóloga y la posterior investigación pueden sentar un precedente para futuras investigaciones de abuso escolar en la República Dominicana.

Además, CONANI recuerda que toda persona con conocimiento o sospecha de abuso contra menores debe denunciarlo ante las autoridades competentes. Esa obligación está vinculada al artículo 14 de la Ley 136-03.

La escuela bajo examen

El caso coloca al sistema educativo frente a una pregunta incómoda. No basta investigar a docentes señalados. También deben evaluarse protocolos, omisiones, canales de denuncia y posibles fallas de supervisión.

El Código de Ética presentado por el MINERD establece que la relación entre personal escolar y estudiantes debe limitarse al ámbito académico y formativo. Además, prohíbe acoso, soborno, violencia y vínculos de naturaleza distinta al desarrollo integral de los alumnos.

De igual modo, el MINERD ha socializado protocolos de respuesta a situaciones de violencia de género relacionadas con la escuela. Según esa institución, la respuesta debe ser coordinada, oportuna y orientada a proteger a estudiantes.

Datos que alarman

El problema no ocurre en el vacío. UNICEF reportó que la tasa de violencia sexual en adolescentes mujeres de 10 a 19 años pasó de 12 en 2020 a 20 en 2022. También indicó que el 76 % de mujeres adolescentes entre 15 y 17 años había sufrido algún tipo de violencia durante su vida.

Por eso, una investigación por acoso sexual escolar no debe cerrarse con sanciones aisladas si existieron señales previas. Debe incluir acompañamiento psicológico, protección de denunciantes y revisión administrativa del centro. Mientras avanza el proceso, el nombre de la menor debe quedar fuera del debate público. La prioridad legal y humana es proteger su integridad, evitar la revictimización y permitir que el Ministerio Público establezca responsabilidades.

#AlcarrizosNews #VíctorEstrellaLiz #LaPerito #AcosoEscolar #Ley13603 #Docentes #Profesores #SantoDomingo #ProtecciónInfantil #Minerd #Conani #PoliciaNacional