Periodista y abogado denuncian el uso del proceso penal como una supuesta arma de chantaje contra las familias
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El debate sobre el uso político de la justicia en el país adquirió una nueva y peligrosa dimensión. El periodista de investigación Luis Cab confirmó y respaldó las recientes declaraciones del abogado Eduardo Núñez emitidas en el programa Agenda Oriental. En su intervención, Núñez acusó de forma directa a la actual gestión gubernamental de instrumentalizar los procesos penales. Según el jurista, el Ministerio Público ejecuta presiones contra familiares de imputados para obtener confesiones forzadas.
Graves acusaciones en televisión
El jurista Eduardo Núñez afirmó que las autoridades actuales aplican métodos crueles. El abogado comparó esta gestión con el mandato de Danilo Medina. Sostuvo que en el pasado gobierno no existían estos niveles de coacción familiar. El abogado pone ejemplos concretos y perturbadores: el caso de una joven de 19 años sometida a un proceso penal simplemente porque su hermano no declaraba lo que el Ministerio Público esperaba.
Relata supuestas interrogatorias con frases como “Dime de Donald y te dejo ir” (en clara alusión al exministro de Hacienda, Donald Guerrero) y menciona el uso de prisión preventiva, amenazas de quitar visas americanas y otros mecanismos como formas de presión extrajudicial.
Núñez concluye que es necesario “dejarse de chercha” y dejar de tolerar que personas inocentes -o totalmente ajenas a los hechos- sean utilizadas como herramientas de negociación o castigo político.
Reacción y contexto institucional
El periodista Luis Cab elevó el tono de la denuncia pública. El comunicador calificó a los responsables estatales como criminales organizados con poder real. Cab advirtió sobre las secuelas de estas acciones para el mandatario Luis Abinader tras el año 2028. El comunicador sostiene que el daño al Estado de derecho resulta muy profundo. La oposición política dominicana comparte este criterio de forma recurrente. Diversos sectores locales perciben una evidente manipulación en las investigaciones judiciales recientes. Las estadísticas de prisiones preventivas en el país reflejan niveles de hacinamiento alarmantes de un 60%.
El peligro democrático actual
La instrumentación del derecho penal erosiona por completo la confianza ciudadana en los tribunales. El uso político de la justicia destruye la reputación de las personas afectadas de manera irreversible. Este fenómeno de persecución selectiva aleja al país de los estándares democráticos regionales. El debate sobre la independencia del Ministerio Público sigue totalmente abierto en la sociedad. Corresponde a los tribunales competentes examinar las pruebas de estas graves acusaciones públicas. La salud institucional de la República Dominicana requiere transparencia total en sus procesos internos.
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