La PGR y la DNCD, con apoyo del Servicio de Alguaciles de EE.UU., ejecutaron la entrega por el aeropuerto Las Américas
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – La extradición dominicana de Luichy Joel Sosa, de 36 años, se consumó este fin de semana cuando autoridades lo entregaron a Estados Unidos por robo bajo la Ley Hobbs y posesión ilegal de armas de fuego, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Entrega por Las Américas
La Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD, con apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), materializaron la entrega en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG). Custodiado por oficiales estadounidenses, Sosa abordó un vuelo hacia territorio norteamericano. El decreto ejecutivo 312-26 formalizó la extradición dominicana, conforme a los mecanismos de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Cargos ante tribunal de Pensilvania
Sosa deberá responder ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania. Allí enfrenta cargos de robo bajo la Ley Hobbs, complicidad, uso, porte y posesión de armas de fuego, entre otros delitos, según confirmó la DNCD. La Ley Hobbs es una norma federal que penaliza el robo o la extorsión que afecta el comercio interestatal, con penas de hasta 20 años de prisión por cargo.
Arrestado en Sánchez Ramírez
Sosa fue detenido en abril de 2026 durante un operativo de búsqueda y captura en la provincia Sánchez Ramírez. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó su arresto mediante resolución previa. Su entrega se enmarca en la política activa de cooperación judicial de República Dominicana con países aliados, orientada a la persecución de fugitivos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.
La Ley Hobbs
La Ley Hobbs (Hobbs Act, 18 U.S.C. § 1951) es una legislación federal estadounidense promulgada en 1946 que penaliza el robo, la extorsión y la conspiración cuando estas actividades afectan el comercio interestatal o internacional. Lleva el nombre del congresista demócrata de Alabama Sam Hobbs, quien impulsó su aprobación.
En la práctica, los fiscales federales la utilizan ampliamente para perseguir casos de crimen organizado, corrupción pública, pandillas y robos violentos, precisamente porque su alcance constitucional se activa con cualquier vínculo, por mínimo que sea, con el comercio entre estados. Las penas que contempla son severas: hasta 20 años de prisión por cada cargo de robo o extorsión, y hasta tres años adicionales por conspiración.
Su aplicación extraterritorial la convierte en una herramienta clave del Departamento de Justicia de EE.UU. para procesar a ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos con conexión al territorio estadounidense, incluso cuando parte de los hechos ocurrió fuera de sus fronteras.
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