El presidente de la Cámara de Diputados negó proponer cambios en la cesantía, pero un acta oficial de la comisión lo desmiente
SANTO DOMINGO, República Dominicana – Una intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recogida en actas oficiales, contradice sus propias declaraciones públicas. El legislador negó de forma enfática haber propuesto cambios a la cesantía laboral. Sin embargo, el documento recoge que pidió mover ese debate hacia una futura reforma de Seguridad Social. La diferencia no es menor: cambia el escenario legal y reabre una pregunta incómoda sobre quién terminaría pagando ese derecho.
El documento que desmiente
Sin embargo, el acta de la Comisión Permanente de Trabajo del pasado 19 de mayo revela una realidad totalmente distinta. En el documento oficial del órgano legislativo constan las palabras textuales del influyente diputado dominicano y presidente de la Cámara. El texto certificado detalla que Alfredo Pacheco sugirió excluir este beneficio de las discusiones del actual proyecto de reforma laboral para integrarlo en otra normativa.
Las palabras del legislador
«La cesantía no se debe discutir en esta ley», expresó Alfredo Pacheco según los registros oficiales recuperados de la reunión parlamentaria. Las evidencias escritas demuestran que el congresista ve este derecho como un tema exclusivo de la próxima reforma de Seguridad Social. La revelación de este documento oficial genera serios cuestionamientos políticos debido a la evidente contradicción institucional del legislador.
Al cierre de esta edición, Alcarrizos News verificó que el acta No. 22 de la Comisión Permanente de Trabajo, correspondiente a la reunión del 19 de mayo de 2026, ya no aparecía disponible en el apartado de esa comisión dentro del portal de la Cámara de Diputados. El documento, citado previamente por medios nacionales y atribuido al Sistema de Información Legislativa, contenía la intervención de Alfredo Pacheco sobre la cesantía y su eventual discusión en una futura reforma de la Seguridad Social. La ausencia posterior del archivo añade un elemento de opacidad institucional a un debate que exige transparencia, trazabilidad documental y respeto al derecho de la ciudadanía a conocer qué se discute en el Congreso.
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