El expediente por presunto desfalco avanza a paso de tortuga entre coerción, controles internos y exigencia pública de justicia en RD
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – El limbo judicial del caso SeNaSa no está cerrado, ni puede convertirse en expediente dormido. La investigación judicial mantiene bajo presión al sistema público de salud, tras señalamientos del Ministerio Público sobre presunto desfalco, sobornos, lavado de activos y maniobras administrativas dentro de la ARS estatal.
Expediente bajo presión
El punto crítico es simple: SeNaSa administra cobertura de salud para más de siete millones de dominicanos, según la Procuraduría. Por eso, cada retraso, cada silencio y cada dato incompleto golpea la confianza pública. Además, la propia institución informó que cubre más del 70 % de la población dominicana, lo que convierte este proceso en un asunto social, no solo penal.
El caso SeNaSa entró formalmente en fase judicial con la operación Cobra. El Ministerio Público informó que ejecutó doce allanamientos, arrestó a ocho personas e inició un proceso para buscar sanciones penales y recuperar dinero sustraído al patrimonio público. Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
Salud y dinero
La gravedad aumenta porque las acusaciones no giran alrededor de una oficina cualquiera. Se trata de recursos vinculados al acceso a consultas, procedimientos, medicamentos y servicios médicos. Sin embargo, mientras la justicia avanza, la ciudadanía necesita respuestas claras, medibles y oportunas.
La Procuraduría afirmó que tres imputados admitieron ante un juez haber pagado sobornos a funcionarios de SeNaSa. También sostuvo que el expediente contiene más de 138 pruebas documentales y más de 35 pruebas testimoniales. Asimismo, señaló sobornos superiores a RD$2,000 millones dentro del caso.
Control pendiente
El gobierno había enviado a la Procuraduría un informe sobre graves irregularidades detectadas en SeNaSa. Luego, la institución aseguró que los servicios no se detendrían para sus afiliados. No obstante, ese mensaje de continuidad no basta por sí solo.
El caso SeNaSa exige resultados judiciales, recuperación de fondos y depuración administrativa verificable. Además, SeNaSa informó que encontró un déficit acumulado aproximado de RD$14,700 millones y que en 2025 redujo RD$1,034 millones de ese déficit. Esa cifra confirma que el daño institucional no puede tratarse como ruido político.
No al olvido
Al 30 de abril de 2026, un tribunal ratificó prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros imputados, y fijó revisión para el 30 de julio. Asimismo, el Ministerio Público habló de múltiples estructuras bajo investigación.
Por tanto, el limbo judicial del caso SeNaSa permanece en una zona decisiva. Si la justicia se enfría, pierde el país. Si avanza con pruebas, gana la salud pública.
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