Cinco bandos internos concentran el 95% de la membresía policial, mientras el director, impuesto desde el Palacio Nacional, intenta imponer una reforma sin tribu propia que lo respalde
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz llegó a la Dirección General de la Policía Nacional con la mano llena de expedientes y la espalda descubierta. Sin tropa propia, sin bando que lo respalde puertas adentro, con más de 32 años de carrera forjados en Asuntos Internos y Control Interno, el hombre que el presidente Luis Abinader escogió para «adecentar» el cuerpo del orden se ha convertido, en apenas cinco meses de gestión, en el director más aislado -y más cuestionado desde dentro- que ha tenido la institución en tiempos recientes.
Un director sin tribu en una institución de cinco tribus
Cruz Cruz fue designado el 17 de febrero de 2026 mediante el decreto 111-26, en sustitución de Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien pasó a retiro honroso y quedó como asesor presidencial en materia policial. Venía de ser inspector general y antes dirigió Asuntos Internos, la Regional Sur, el enlace con las Fuerzas Armadas y Control Interno: un perfil de fiscalizador, no de caudillo de cuartel.
Esa hoja de vida, que en teoría lo hacía el candidato perfecto para meter mano dura sin componendas, es también su mayor debilidad. Según un análisis reciente de Labazuca.com, la Policía Nacional ha estado históricamente estructurada en torno a cinco grandes bandos o grupos policiales que concentran hasta el 95% de la membresía institucional, cada uno respondiendo primero a su propia línea de mando informal antes que a los lineamientos oficiales de la Dirección General. Cruz Cruz, subraya ese análisis, no dirigió ni representó a ninguno de esos cinco bandos -lo que explicaría por qué su gestión enfrenta, puertas adentro, la hostilidad «más fuerte jamás vista» contra un director, sostenida únicamente por el respaldo directo del Palacio Nacional.
Ahí está, en blanco y negro, la mecánica de poder que explica por qué un director serio, técnico y con la venia presidencial puede tener toda la autoridad formal y, aun así, quedarse corto de tiguerage para imponerse sobre estructuras que llevan décadas operando por su cuenta.
La sacudida que tocó nervios
En su primer mes de gestión, Cruz Cruz no se anduvo con rodeos: ordenó una reestructuración de más de 30 designaciones que tocó direcciones regionales, especializadas y de áreas sensibles –Antipandillas, Contrainteligencia, Supervisoría de Cárceles, Intendencia de Armas, Derechos Humanos, Policía Comunitaria-. Son, precisamente, las plazas que tradicionalmente sirven de fortín territorial a los bandos internos y a las redes de intereses que se mueven alrededor del control de armas, presidios y unidades operativas.
No es casualidad que, en paralelo, la institución haya salido públicamente a defender su modelo de «proximidad y respeto a los derechos humanos» y a justificar el número de presuntos delincuentes abatidos en lo que va de 2026 —93 hasta mayo— como resultado de una «planificación estratégica» ante la resistencia armada, y no de una política de gatillo fácil. Es el tipo de explicación que un director dispuesto a jugar limpio se ve obligado a dar cuando los números empiezan a generar ruido político.
Los números no cuadran con el miedo que se vende
Aquí está el hallazgo que sostiene la sospecha con la que arrancamos esta investigación: las cifras oficiales no describen un país que se cae a pedazos.
La tasa de homicidios bajó de 13.79 a 8.29 por cada 100,000 habitantes entre junio de 2020 y julio de 2025. Los robos cayeron 22.5% entre 2023 y 2025. Y la propia Fuerza de Tarea policial reporta una reducción de casi 35% en homicidios desde 2023 -aunque reconoce «una leve alza» durante 2026 que merece seguimiento cercano-, porque es exactamente el tipo de dato que un sector interesado puede inflar mediáticamente para fabricar sensación de descontrol.
La encuesta nacional de ACDmedia, levantada entre el 2 y el 4 de julio de este año, confirma que el costo de la vida desplazó a la delincuencia como principal preocupación ciudadana: 62% contra 42.8%. La inseguridad sigue ahí, pesando, pero ya no es la controladora absoluta de la narrativa pública que fue en otros momentos.
Y sin embargo, persiste un colchón de percepción de inseguridad que no siempre camina de la mano con las estadísticas. La propia procuradora general ha advertido que el sistema de justicia enfrenta límites estructurales frente al deterioro de la convivencia social, y los datos sobre feminicidios muestran una tendencia preocupante al alza -30 mujeres asesinadas por parejas o exparejas hasta mayo de 2026, frente a 22 en el mismo período de 2025-.
La pregunta que no se puede evadir
Con cifras generales a la baja pero con episodios puntuales que reciben cobertura desproporcionada, con un director técnico sin bando propio tocando fortines internos, y con una institución donde el 95% de la membresía responde primero a lealtades informales antes que a la cadena de mando oficial, la pregunta que este medio se hace -y que deja planteada para que la ciudadanía y las autoridades correspondientes profundicen- es simple: ¿a quién le conviene que la sensación de descontrol crezca justo cuando la reforma empieza a tocar intereses reales?
No hay, hasta el cierre de esta nota, una denuncia formal ni una investigación abierta que confirme sabotaje deliberado desde sectores oscuros dentro o fuera de la Policía Nacional. Lo que sí hay es un terreno fértil para que esa sospecha germine: una institución fragmentada en bandos, un reformador aislado, y una brecha entre lo que dicen las estadísticas y lo que siente la calle.
Como bien sabe cualquiera que haya caminado los pasillos del Palacio de la Policía: cuando el río suena, es porque agua trae.
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