La procuradora advierte que postergar la vigencia del nuevo código perpetúa una ley de 1884 y deja al país sin herramientas contra el crimen moderno
SANTO DOMINGO, República Dominicana – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lanzó una advertencia contundente: mantener vigente un código penal obsoleto de 1884 mientras el país enfrenta crimen organizado y delitos tecnológicos es una decisión que solo beneficia a la criminalidad.
El peso de un código centenario
Reynoso publicó este domingo un mensaje en su cuenta de X en el que se opone frontalmente a cualquier intento de postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el 3 de agosto. El actual cuerpo legal, promulgado en 1884, fue diseñado para una sociedad rural y ajena a la revolución tecnológica que define los delitos del siglo XXI.
“Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad. Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026”, escribió la funcionaria. Su exhortación apela a todos los sectores: “Les pido a todos los sociedad que pensemos en el bien del país”.
Fiscales y jueces enfrentan vacíos legales
Los operadores del sistema de justicia conocen de primera mano las limitaciones del código penal obsoleto. Reynoso lo expresó con claridad tras la promulgación de la Ley 74-25 el 3 de agosto de 2025: los fiscales, jueces y abogados enfrentan dificultades enormes al investigar delitos del siglo XXI con herramientas normativas del siglo XIX.
El nuevo código, que eleva la pena máxima de 30 a 40 años de prisión y permite acumulación de condenas hasta 60 años, tipifica por primera vez delitos como fraude electrónico, sicariato y corrupción como figura autónoma. Sin embargo, sectores de la sociedad han cuestionado artículos vinculados a libertad de expresión, difamación y negligencia médica.
El Ejecutivo impulsa reformas urgentes
Ante las críticas, el Poder Ejecutivo sometió al Senado 18 propuestas de modificación que impactan artículos como 121, 122, 141, 142, 170, 192, 207 y 248, entre otros. La Cámara Alta tiene 15 días para procesar las enmiendas antes del cierre de la legislatura ordinaria el 26 de julio.
El proyecto busca precisar delitos como ciberbullying, difamación y ultraje, incorporando criterios de “interés público legítimo” para proteger el ejercicio periodístico. También ajusta disposiciones sobre hostigamiento, exhibicionismo sexual y abandono de menores.
Protestas y respaldo eclesiástico
Las manifestaciones contra el nuevo código han cobrado fuerza en las últimas semanas. Los “cacerolazos” retumban en el Gran Santo Domingo y la Plaza de la Bandera ha sido escenario de protestas. El arzobispo coadjutor, Carlos Morel Diplán, respaldó a la procuradora y pidió no postergar la vigencia, aunque reconoció la necesidad de revisar los artículos sobre libertad de expresión.
Criminalidad: cifras que exigen acción
Los datos respaldan la urgencia. En 2025, la tasa de homicidios cerró en 8.7 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la región. Pero el Ministerio Público recibió 236,783 denuncias en el último año. Seis de cada diez homicidios surgen de conflictos sociales, y el 85% de los implicados en delitos son menores de 34 años. Un código penal obsoleto no puede abordar esta realidad.
“Los fiscales, jueces y abogados sabemos las dificultades”, insistió Reynoso. La pregunta que queda flotando es si los sectores que piden más tiempo para modificar el código comprenden que cada día de retraso es un día que gana la criminalidad.
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