Con esta decisión el Poder Ejecutivo corre el riesgo de fortalecer lo existente o crear estructuras paralelas
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El presidente Luis Abinader instruyó la creación de una comisión técnica para fortalecer el control y supervisión de Senasa, como parte de un paquete de reformas orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas del sistema de salud público.
El mandatario dispuso que el Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud modifique el reglamento interno de la institución. El objetivo es crear un órgano técnico permanente que supervise su operatividad y su salud financiera.
Comisión técnica
La comisión estará integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo. Será coordinada por el doctor Arismendi Díaz Santana, junto a Pedro Ramírez Slaibe, Federico Lalane José, el magistrado Alexis Read -una vez concluya sus funciones- y Nora Elizabeth Sánchez Padilla.
Este equipo apoyará al Consejo Nacional, cuyas funciones se ven limitadas por la multiplicidad de responsabilidades de sus integrantes. La comisión permitirá un monitoreo continuo y especializado.
Marco legal limitado
El Gobierno reconoce que la Ley 87-01 y el reglamento vigente no detallan herramientas suficientes para garantizar un funcionamiento óptimo. Mientras avanza una reforma integral de la ley, los cambios reglamentarios servirán como base inmediata de acción.
Funciones clave
Entre sus atribuciones estará emitir “no objeción” a contratos superiores a cinco millones de pesos mensuales, indexables según la inflación del Banco Central. También evaluará operaciones financieras, contrataciones, autorizaciones médicas y reclamaciones en segunda instancia.
Control financiero
La comisión analizará pagos, reembolsos, disponibilidad bancaria, inversiones y cumplimiento de registros ante la Contraloría. Además, revisará las modalidades de contratación y los mecanismos de pago de los servicios de salud.
Transparencia institucional
La instrucción presidencial también enfatiza la publicación de actas y resoluciones del Consejo. Las compras deberán ajustarse estrictamente a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Abinader otorgó un plazo máximo de 90 días para presentar una propuesta de reforma integral del reglamento. Esta redefinirá atribuciones, responsabilidades, reglas internas y mecanismos de toma de decisiones, reforzando el control y supervisión de Senasa.
Duplicidad institucional y riesgos al sistema
La creación de una comisión técnica para supervisar a Senasa, instruida por el presidente Luis Abinader, abre un debate legítimo sobre la coherencia institucional del sistema dominicano de seguridad social. Aunque la medida se presenta como un esfuerzo para fortalecer el control y la eficiencia, en la práctica asigna funciones que ya están claramente definidas en el marco legal vigente.
La Ley 87-01 creó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) como el órgano regulador, fiscalizador y supervisor de las Administradoras de Riesgos de Salud, incluyendo a Senasa. Entre sus atribuciones están la vigilancia financiera, la supervisión operativa, la revisión de contrataciones y el cumplimiento de las normas del sistema. Al establecer una comisión con tareas similares -monitoreo, evaluación, revisión de contratos y reportes periódicos- se produce una evidente duplicidad de funciones.
Este solapamiento no es un asunto menor. La coexistencia de dos instancias con roles de supervisión sobre una misma entidad puede generar conflictos de competencias, retrasos en la toma de decisiones y confusión sobre quién es responsable último ante eventuales fallas. Además, introduce el riesgo de criterios divergentes entre un órgano técnico permanente, como la SISALRIL, y una comisión designada directamente por el Poder Ejecutivo.
Desde una perspectiva de gobernanza, la medida también plantea dudas sobre el respeto al principio de institucionalidad. En lugar de fortalecer o dotar de mayores herramientas a los organismos existentes, se opta por crear una estructura paralela, temporal y dependiente del Ejecutivo, lo que podría interpretarse como una falta de confianza en los mecanismos de control ya establecidos por el propio Estado.
Finalmente, más que corregir debilidades estructurales, esta decisión podría debilitar el sistema al fragmentar la supervisión y diluir responsabilidades. En un sector tan sensible como la seguridad social, la solución no parece ser la creación de nuevos órganos, sino el fortalecimiento técnico, presupuestario y operativo de las instituciones que ya tienen mandato legal para supervisar y regular.
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