Una denuncia revela maniobras dilatorias en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones que afectan derechos adquiridos y sentencias firmes en perjuicio de pensionados
SANTO DOMINGO, República Dominicana – Las denuncias por abusos legales contra pensionados volvieron a encender las alertas luego de que el abogado Oliver Batía acusara a representantes legales de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de ejecutar tácticas dilatorias que obstaculizan el cumplimiento de sentencias firmes a favor de ciudadanos envejecientes.
Sentencias ignoradas
El abogado Oliver Batía denunció actuaciones que considera abusivas y contrarias a la ética profesional, atribuidas a los abogados Elvin Villanueva, José Calasanz Moreno, Jean Carlos Amparo Guerrero y Santa C. de los Santos Guzmán, quienes representan a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Según afirmó, estas acciones contradicen fallos irrevocables que ordenan reajustes y pagos retroactivos conforme a la Ley 379-81.
Fallo firme ratificado
Batía explicó que la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó en 2023 reajustar la pensión del señor Leocadio Valentín Lebrón Jiménez y pagar los retroactivos e intereses legales por mora. Esa decisión fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia el 28 de marzo de 2025 mediante la sentencia SCJ-TS-25-0329. Luego, la Secretaría General certificó que no existe recurso pendiente, lo que vuelve el fallo definitivo y de cumplimiento obligatorio.
Maniobras para retrasar
Pese a esa firmeza legal, el jurista afirma que los abogados de la institución continúan promoviendo recursos improcedentes y solicitudes de suspensión, con la finalidad de retrasar la ejecución de la sentencia. Según señaló, estas conductas configuran abusos legales contra pensionados y representan un trato indigno hacia personas envejecientes que reclaman derechos adquiridos.
Sanciones previstas por ley
La Ley 2-23 contempla multas de hasta diez salarios mínimos y reparaciones de hasta cincuenta salarios mínimos por deslealtad procesal. Batía insistió en que estas tácticas erosionan la funcionalidad del sistema y afectan la confianza pública en la justicia administrativa, especialmente cuando involucra a sectores vulnerables.
Deuda millonaria acumulada
La deuda actual asciende a RD$10,458,125.40. Incluye retroactivos por más de RD$7.3 millones, intereses legales superiores a RD$2.8 millones y variación monetaria por RD$240,918.89. El abogado advirtió que el incumplimiento mantiene un desacato institucional que afecta derechos constitucionales. Otros tres casos bajo su representación esperan sentencia.
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