El Ministerio Público cuestiona las licencias médicas usadas por Adán Cáceres para dilatar su juicio por corrupción
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Ministerio Público denunció que el mayor general Adán Cáceres Silvestre recurre a supuestos problemas de salud como táctica dilatoria en su juicio por corrupción, dentro del caso Operación Coral, cuyo proceso judicial está en su etapa final tras la presentación de más de 2,900 pruebas por parte de la Pepca.
Junta médica bajo sospecha
La audiencia de este lunes fue suspendida nuevamente luego de que la defensa de Cáceres Silvestre presentara una licencia médica por 45 días. Según el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, la Pepca solicitó al Inacif una junta médica que confirme la veracidad del documento, ya que carece de historial clínico o justificación médica para un reposo tan prolongado.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el 3 de noviembre, exigiendo a la defensa la entrega de documentación médica formal.
Más de 2,900 pruebas contra la red
Desde el 29 de agosto, el Ministerio Público concluyó su presentación con 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones y 104 pruebas materiales, incluyendo vehículos de lujo, armas, relojes, inmuebles y dinero en efectivo.
Entre las pruebas, se destaca la incautación de 214 propiedades, 86 vehículos y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos vinculados al entramado de corrupción que operó entre 2012 y 2020, desviando más de RD$4,500 millones del Estado.
Red de corrupción estructurada
El Ministerio Público acusa a Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de liderar una red de 30 personas y 18 empresas que desvió fondos públicos destinados al Cusep y al Cestur. Los bienes incautados generan ingresos por más de RD$86 millones, provenientes de alquileres y producción agrícola, reclamados a favor del Estado.
La Pepca considera que las tácticas dilatorias buscan entorpecer la sentencia y evitar el avance del proceso judicial más emblemático contra la corrupción militar en la historia reciente de la República Dominicana.
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