ADOCCO insiste en que la licitación del INTRANT presentó irregularidades y careció de transparencia administrativa
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) reiteró su denuncia sobre las irregularidades en la licitación del INTRANT, señalando que el proceso de adjudicación para las nuevas licencias de conducir habría sido preparado para beneficiar a un consorcio específico. La entidad lamentó que su impugnación fuera rechazada, pese a estar sustentada en pruebas obtenidas del propio portal de Compras y Contrataciones Públicas.
Documentos oficiales y sospechas
ADOCCO explicó que toda la documentación aportada es auténtica y verificable. Incluye el pliego de condiciones, la carta bancaria y el contrato final del consorcio favorecido. Según la organización, los documentos evidencian irregularidades que ponen en duda la transparencia del proceso.
Además, recordó que la empresa TECNOLAB admitió inicialmente que no fabricaba la impresora CLM600 incluida en la oferta. Sin embargo, días después emitió una certificación contraria, alegando un “error de procedimiento”. Para ADOCCO, este cambio refuerza las sospechas de presión externa y manipulación técnica.
Diferencias con la licitación de la JCE
El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, aclaró que la organización no ha cuestionado la licitación de la nueva cédula de la Junta Central Electoral (JCE) ni el contrato de los pasaportes. En ambos casos, destacó, se respetaron los principios de transparencia y participación que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
De la Rosa Tiburcio explicó que la confusión surgió porque una de las empresas del Consorcio Mobility ID, descartada por incumplir requisitos, también había competido en la licitación de la cédula. “Nuestro reclamo se limita al proceso del INTRANT, donde se detectó una apropiación presupuestaria de RD$1,400 millones, dentro de un contrato que asciende a RD$8,000 millones”, señaló.
Reclamo de transparencia y control ciudadano
ADOCCO insistió en que el INTRANT debe rendir cuentas y revisar la adjudicación del contrato. Subrayó que el proceso vulnera la libre competencia y puede afectar la confianza pública. La entidad pidió a los organismos de control del Estado y a la sociedad civil reforzar la vigilancia sobre las licitaciones públicas. Además, exhortó a mantener la transparencia como principio rector del gasto estatal y del manejo de los datos ciudadanos.
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