La Alianza Dominicana Contra la Corrupción acusa a la directora de Ética de prevaricación y anuncia que acudirá a la CIDH para proteger su labor
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) rechazó la amenaza de Milagros Ortiz Boch de someter a su presidente a la justicia, calificándola como un intento de silenciar denuncias de corrupción en República Dominicana.
Rechazo frontal de ADOCCO
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), presidida por el abogado Julio César de la Rosa Tiburcio, reaccionó con firmeza este miércoles ante las declaraciones de Milagros Ortiz Boch, directora de Ética e Integridad Gubernamental. Ortiz Boch advirtió que sometería a la justicia a De la Rosa por supuesta difamación, lo que generó un inmediato rechazo de la entidad.
ADOCCO afirmó que esta amenaza representa un intento directo de frenar la vigilancia ciudadana contra la corrupción, una labor que la organización sostiene desde hace más de dos décadas. Según su postura, lejos de debilitar su lucha, estas acciones refuerzan la necesidad de continuar denunciando las irregularidades en la gestión pública.
Acusación de prevaricación
La organización reiteró que Ortiz Boch incurrió en prevaricación al archivar una denuncia contra el ministro de Educación, Ángel Hernández, a quien acusan de omitir bienes en su declaración jurada de patrimonio. Este hecho, señalaron, constituye un grave precedente en la institucionalidad dominicana, al debilitar los mecanismos de control y transparencia.
Estudios internacionales refuerzan la preocupación de ADOCCO. De acuerdo con Transparencia Internacional, República Dominicana ocupó en 2024 la posición 123 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, con una puntuación de apenas 35 sobre 100, lo que refleja los desafíos pendientes en materia de rendición de cuentas.
Camino hacia la CIDH
En respuesta a lo que consideran una amenaza intimidatoria, ADOCCO anunció que gestionará Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es garantizar la protección de su presidente y salvaguardar la continuidad de su labor de denuncia frente a la corrupción en el país.
El conflicto evidencia una fuerte tensión entre la sociedad civil y las instituciones oficiales encargadas de velar por la ética en el servicio público. Para ADOCCO, la transparencia no puede ser negociada ni sometida al silencio mediante procesos judiciales.
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