Una investigación revela cómo los programas sociales pasaron de política pública a negocio político-electoral
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El Cártel del Cambio y programas sociales es el eje de una investigación que denuncia cómo el Gobierno convirtió la protección social en un esquema de poder, clientelismo y negocios privados, según el análisis publicado por el exvicepresidente Rafael Alburquerque en El Caribe.
Primer acto: el inicio del esquema
La investigación sostiene que, tras asumir el poder en agosto de 2020, el PRM llegó sin un plan claro de gobierno.
Ante la falta de experiencia y resultados, optó por usar los fondos públicos como herramienta política.
El 7 de diciembre de 2020 comenzó el viraje.
El Bono Navideño benefició a un millón de familias con RD$1,500 cada una.
Sin embargo, se desmontó la institucionalidad previa.
Se eliminaron datos verificables de los beneficiarios.
Además, se dejaron de publicar listados oficiales, debilitando la transparencia.
Segundo acto: inflación de beneficiarios
Sin una estrategia económica sólida, el Gobierno centró su narrativa en lo social.
La política social se transformó en botín político y fuente de negocios.
Los programas cambiaron de nombre, pero no de propósito.
Solidaridad pasó a Supérate.
Comer es Primero se convirtió en Aliméntate.
Las cifras crecieron de forma exponencial.
En 2019, Comer es Primero llegaba a 825,275 hogares.
Para 2023, Aliméntate alcanzó 1,511,251 familias.
Las estadísticas oficiales de 2024 reportaron solo 721,559 hogares en pobreza.
Aun así, las transferencias duplicaron ese número.
La “Brisita Navideña” amplió el impacto.
De 300 mil tarjetas en 2020, se pasó a hasta 3 millones en 2024.
Algunas estimaciones extraoficiales hablan de 5 a 6 millones.
Tercer acto: el negocio
Tras asegurar la reelección en 2024, el esquema se formalizó.
Se contrató una empresa privada para emitir y distribuir tarjetas.
Cada tarjeta generó cargos de hasta RD$700.
Entre 2020 y 2024 se emitieron 9.55 millones de tarjetas.
El monto estimado asciende a RD$6,685 millones.
La renovación de tarjetas de Aliméntate sumaría RD$1,050 millones adicionales.
Epílogo: advertencia final
La investigación advierte que lucrar con la pobreza tiene consecuencias.
El caso Senasa sería una señal de alarma.
Según el autor, la protección social sigue el mismo camino.
Fuente: El Caribe, investigación y análisis de Rafael Alburquerque.
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