Cierre de la DEA en RD: ¿protección a los bienes del narcotráfico?

¿Es el cierre de la oficina de la DEA un mensaje contra la transparencia de las entregas voluntarias? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos.

Un cierre que deja muchas preguntas

El reciente cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo ha causado una gran sorpresa e inquietud en la opinión pública nacional e internacional. La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha sido un actor esencial en la lucha contra el narcotráfico en la región, y su oficina en la capital dominicana desempeñaba un papel crucial en la cooperación internacional en materia de seguridad.

Sin embargo, este hecho ha abierto la puerta a diversas especulaciones. Una de las hipótesis más inquietantes es su posible relación con los procesos de extradición y las llamadas «entregas voluntarias» que se han producido en los últimos años. Pero hay una pregunta que incomoda aún más: ¿dónde quedan los bienes de los narcotraficantes que se entregan?

Porque si no hay extradición formal, no hay proceso judicial local. Y si no hay proceso judicial local, no hay base legal para que el Estado dominicano incaute las fortunas -millones de dólares, propiedades, resorts, embarcaciones- que estos personajes construyeron en el país.

La relación entre el cierre de la DEA y las entregas voluntarias

Sin embargo, el cierre de la DEA en Santo Domingo no puede verse de forma aislada. A raíz de las entregas voluntarias de dominicanos vinculados al narcotráfico, han surgido dudas sobre la transparencia en los procesos judiciales y de extradición, especialmente debido a los vacíos legales presentes en ellos. En muchos casos, las personas entregadas a las autoridades estadounidenses se han desviado del procedimiento formal de extradición, y la falta de explicación pública sobre el proceso ha generado una percepción de opacidad en el manejo de estos casos. ¿Es posible que el cierre de la DEA en RD sea un reflejo de tensiones internas en la cooperación contra el narcotráfico?

El rol de las autoridades en el proceso de extradición

Para que estas entregas no queden en la oscuridad, es crucial entender el papel de las instituciones dominicanas en el proceso. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), la Suprema Corte de Justicia, y el Ministerio Público tienen responsabilidades claras en cuanto a la gestión de las solicitudes de extradición y el manejo de las entregas voluntarias.

• El Poder Ejecutivo es el encargado de remitir las solicitudes de extradición a la SCJ para su evaluación formal, y de ser aprobado, coordinar con las autoridades competentes para ejecutar la entrega.
• La Cancillería se encarga de coordinar los aspectos diplomáticos de la solicitud y asegurarse de que el proceso se haga conforme a la ley internacional.
• La Suprema Corte de Justicia (SCJ) es responsable de decidir si la extradición procede o no, garantizando el respeto al debido proceso.
• El Ministerio Público debe encargarse de investigar los crímenes relacionados con los solicitados y presentar las pruebas pertinentes ante la SCJ.

Sin embargo, en muchos casos recientes, estas instituciones no han garantizado la transparencia en el manejo de estas entregas, lo que abre la puerta a sospechas de corrupción o influencias externas.

Casos de entregas voluntarias a la DEA

A continuación, presento una lista con los nombres confirmados de los dominicanos que se han entregado a las autoridades de EE. UU. en los últimos años. En cada uno de estos casos, el Estado dominicano perdió la oportunidad de tocar los activos financieros y propiedades de estos presuntos narcotraficantes, porque no hubo un proceso judicial local que lo justificara. El patrón se repite: entrega voluntaria, ausencia de extradición formal y, como consecuencia, bienes que quedan fuera del alcance de la justicia dominicana.

Miguel Andrés Gutiérrez Díaz

• Entrega: Miami, mayo 2021
• Contexto: Exdiputado más votado de Santiago por el PRM.
• Acusación en EE. UU.: Lavado de $6 millones de dólares (2014-2020) provenientes del narcotráfico a través de empresas familiares (Constructora Gutiérrez Díaz, SRL, Migudi Inversiones, SRL).
• Condena: 9 años (posible libertad en 2030). La DEA incautó $5,999,420 de sus empresas para cubrir el decomiso.
• Bienes en RD: INCAUTADOS POR EE. UU. Los fondos fueron decomisados por la justicia estadounidense. El Estado dominicano no participó en la incautación ni administró esos activos.
• Vacío legal: La entrega voluntaria impidió un proceso local que permitiera al Estado dominicano reclamar o administrar esos bienes.

Edickson Herrera Silvestre («Yeyea»)

• Entrega: Miami, mayo 2025 (dos meses después de que EE. UU. solicitara su extradición).
• Contexto: Exregidor del Distrito Nacional por el PRM
• Acusación en EE. UU.: Tráfico de 376 kg de cocaína hacia EE. UU. (2020-2022), obteniendo $7.5 millones. Pagó $200,000 por una embarcación para el envío de drogas.
• Condena:
• Bienes en RD: SIN INCAUTAR. Su última declaración jurada en la Cámara de Cuentas (2024) reportaba apenas RD$2.2 millones en cuentas de ahorro. No hay registro de incautación de la embarcación ni de otros bienes por parte de la justicia dominicana.
• Vacío legal: La entrega voluntaria, incluso existiendo una solicitud de extradición, cortó cualquier posibilidad de que un tribunal dominicano ordenara el decomiso de los activos vinculados al narcotráfico.

Stalin J. Ferrer González («El Comando»)

• Entrega: Nueva York, noviembre 2022.
• Contexto: Capitán de Fragata de la Armada Dominicana (exoficial). Supuestamente supervisaba para carteles de drogas la ruta Montecristi-Miami.
• Acusación en EE. UU.: Vinculado al narcotráfico internacional. Las investigaciones lo señalan como enlace con un capo conocido como «Fersita», sobrino de un diputado del PRM.
• Condena: No especificada en los registros públicos.
• Bienes en RD: SIN REGISTRO. No hay información pública sobre bienes incautados por el Estado dominicano.
• Vacío Legal: La falta de una audiencia pública de extradición y la opacidad del proceso impidieron cualquier acción judicial local sobre sus activos.

Gaspar Antonio Polanco Virella («El Grande»)

• Entrega: Miami, octubre 2025.
• Contexto: Exfuncionario del actual gobierno (ayuntamiento Distrito Nacional), vinculado a una red internacional de narcotráfico junto al exasesor del Poder Ejecutivo y ex-tesorero del equipo de beisbol dominicano Águilas Cibaeñas, Fabio Augusto Jorge Puras.
• Acusación en EE. UU.: Formar parte de una red de narcotráfico. Los detalles del caso permanecen sin aclararse públicamente.
• Condena: Puesto en libertad bajo fianza.
• Bienes en RD: SIN INFORMACIÓN. No hay registros públicos de bienes incautados o investigados por la justicia dominicana.
• Vacío Legal: La ausencia de un proceso de extradición formal dejó a las autoridades dominicanas sin mecanismos para investigar el origen de sus bienes en territorio nacional.

Fabio Augusto Jorge-Puras

• Entrega: Miami, 30 de enero de 2026.
• Contexto: Exasesor honorífico para las Zonas Francas. Pariente del expresidente Salvador Jorge Blanco. Fue desvinculado de su cargo mediante el decreto 273-25 (23 de mayo de 2025).
• Acusación en EE. UU.: Caso No. 25-CR-20430-MOORE/D’ANGELO. Participación en una red internacional dedicada a la distribución y exportación de cocaína (2019-2020). Las investigaciones sugieren que las operaciones ilícitas podrían haberse desarrollado desde 2003.
• Condena: Aún no especificada.
• Bienes en RD: SIN REGISTRO. No hay información pública sobre medidas judiciales activadas en RD antes de su salida ni sobre el estatus de sus bienes.
• Vacío Legal: La entrega voluntaria impidió que la justicia dominicana investigara y eventualmente incautara activos que podrían estar vinculados a más de dos décadas de operaciones ilícitas.

William Durán Jerez (General (r) PN)

• Entrega: Miami, junio 2025.
• Contexto: General retirado de la Policía Nacional en 2009 por el expresidente Leonel Fernández.
• Acusación en EE. UU.: Vinculado a una red de tráfico de drogas que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, con actividades en Miami, RD y otros territorios. Conspiró para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína hacia EE. UU.
• Condena: 87 meses de prisión.
• Bienes en RD: SIN INCAUTAR. No hay registros públicos de bienes incautados por el Estado dominicano.
• Vacío Legal: Comparte acusación con Edickson Herrera, pero al igual que en los demás casos, la falta de extradición formal impidió cualquier acción local sobre sus activos.

Alexander Iglesias Ventura

• Entrega: Miami, 3 de septiembre de 2024.
• Contexto: Concesionario de vehículos de lujo (Mikonos), conocido por su vinculación con el tráfico de vehículos.
• Acusación en EE. UU.: Implicado en un esquema de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Admitió haber lavado más de $804,000 dólares, fondos identificados como producto de actividades ilícitas.
• Condena: 43 meses de cárcel.
• Bienes en RD: SIN INCAUTAR. A pesar de admitir el lavado de dinero, no hay registro de que la justicia dominicana haya incautado los bienes de su concesionaria o sus propiedades.
• Vacío Legal: El caso involucra a otros señalados (Francisco Gómez, Elías Valdez, Alberto González Tejada «Maluma», Nelson García Mera «Cuba»), pero al no mediar proceso local, todos los activos en RD quedaron fuera del alcance de la justicia.

Francisco Alberto Gómez Gómez («Frico» / «Fricolandia»)

• Entrega: Miami, 10 de octubre de 2024. Agentes de la DEA lo esperaban en el aeropuerto tras su llegada en un vuelo comercial.
• Contexto: Empresario, dueño del resort «Fricolandia» en Puerto Plata.
• Acusación en EE. UU.: Acusación federal del Distrito Sur de Florida (15 de mayo de 2024). Facilitó la salida de cuatro cargamentos de cocaína a través de los barcos Day Dreamer y Triple A desde su propiedad en Puerto Plata. Fue acusado por tráfico de sustancias controladas y pertenencia a organización transnacional de narcotráfico.
• Condena: 100 meses de prisión.
• Bienes en RD: NO INCAUTADOS. A pesar de que «Fricolandia» fue señalado como punto de operación para el envío de drogas, no hay información pública -ni de la Procuraduría ni de la Cámara de Cuentas- sobre la incautación o gestión del resort por parte del Estado dominicano. La propiedad continúa en manos privadas.

Vacío Legal: La propiedad utilizada para el delito permanece intacta, ya que no hubo un proceso judicial en RD que determinara su decomiso. Es el ejemplo más evidente de cómo el narcotráfico puede perder a un operador, pero conservar su infraestructura y activos.

El patrón es claro

En ocho casos documentados, el resultado es el mismo: los hombres van a prisión en EE. UU., pero sus bienes -millones de dólares, propiedades, empresas, embarcaciones- quedan fuera del alcance de la justicia dominicana. La excepción que confirma la regla es Miguel Gutiérrez Díaz, cuyos bienes fueron incautados… por la DEA, no por el Estado dominicano.

La figura de la «entrega voluntaria» se ha convertido, de hecho, en un mecanismo de protección de activos para el crimen organizado.

El manejo de bienes incautados y la falta de control

Por tanto, uno de los aspectos más criticados de estos casos es la falta de responsabilidad institucional sobre los bienes incautados durante estos procesos. En muchos de los casos, como el de Miguel Gutiérrez Díaz, se reportaron millones de dólares y propiedades vinculadas a redes de narcotráfico y lavado de dinero, pero el Estado dominicano no ha brindado suficiente transparencia sobre la gestión de esos activos.

El Ministerio Público tiene la responsabilidad de administrar los bienes incautados y asegurar que estos sean utilizados en la lucha contra el crimen organizado, pero la falta de un inventario público claro genera desconfianza. Además, al no seguirse un proceso judicial transparente, se abre la puerta para que estos bienes sean mal administrados o, peor aún, desaparezcan.

Si el Estado no garantiza la trazabilidad de estos activos, se está permitiendo que el narcotráfico y el lavado de activos continúen financiando actividades ilícitas dentro del país. Esto debe ser considerado un grave fracaso institucional que compromete la credibilidad de las autoridades dominicanas en su lucha contra la delincuencia organizada.

Necesitamos respuestas claras

La pregunta no es solo si hubo corrupción o influencias externas en estas salidas del país. La pregunta más grave, y la que debería ocupar a la Cancillería, la SCJ y el Ministerio Público, es: ¿dónde están los activos?

En el caso de Gutiérrez Díaz, los $6 millones fueron decomisados por EE. UU., no por RD. En los casos de «Frico» y «Yeyea», las propiedades señaladas como centros de operación del narcotráfico -un resort y embarcaciones- no figuran en ningún inventario público de bienes incautados por el Estado dominicano. En otros, simplemente no hay registro de que se haya investigado el origen de sus fortunas.

Este es el verdadero fracaso institucional. Al permitir que las «entregas voluntarias» sustituyan a la extradición formal, el Estado dominicano no solo renuncia a su soberanía judicial, sino que renuncia también a recuperar el dinero y los bienes que el narcotráfico lavó en su territorio. El crimen organizado aprende: puede aceptar la cárcel en EE. UU. como un costo de hacer negocios, siempre y cuando su dinero -casas, terrenos, empresas- se quede en casa, a salvo. Mientras las autoridades no expliquen por qué persiste este vacío, la lucha contra el narcotráfico en República Dominicana será una lucha a medias, que atrapa a los hombres, pero deja intactas sus fortunas.

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*Toda la información sobre acusaciones y condenas en Estados Unidos ha sido obtenida de documentos judiciales de acceso público de los Tribunales de Distrito del Sur de Florida (casos números: 25-CR-20095-BLOOM/ELFENBEIN, 25-CR-20430-MOORE/D’ANGELO, entre otros). Los datos sobre declaraciones juradas provienen de los archivos públicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Las fechas, contextos y detalles de las entregas han sido contrastados con reportes de medios dominicanos como El Día, Diario Libre, Listín Diario, El Nacional, Acento e investigaciones periodísticas especializadas en narcotráfico y crimen organizado. *