El Ministerio Público logra condenas en el caso de fraude y lavado de activos de la Operación Discovery 2.0
SANTIAGO, República Dominicana – El Ministerio Público consiguió condenas para 17 personas físicas y dos jurídicas, acusadas de integrar una red criminal desmantelada por la Operación Discovery 2.0. Esta investigación transnacional, iniciada en 2023, reveló un esquema complejo de fraude, robo de identidad y lavado de activos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses. Tras más de dos años de diligencias, el tribunal validó las pruebas presentadas, imponiendo sentencias que incluyen años de prisión y la disolución de entidades vinculadas a la operación delictiva.
Sentencias y condenas
En un acto judicial trascendental, el Tribunal del Primer Juzgado de Santiago sentenció a los miembros de una red criminal que operaba desde call centers clandestinos, con el objetivo de estafar a ciudadanos estadounidenses, principalmente a personas mayores. El esquema utilizado por la organización incluía fraudes telefónicos, suplantación de identidad y el lavado de activos mediante entidades ficticias.
Investigación transnacional
El Ministerio Público, con el apoyo del FBI y otras autoridades de Estados Unidos, logró desmantelar la red gracias a más de 450 elementos de prueba, incluidos testimonios, documentos y medios digitales. Este trabajo conjunto permitió identificar y capturar a los responsables, algunos de los cuales fueron extraditados desde territorio estadounidense. El caso subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
Impacto de las condenas
El tribunal impuso condenas de hasta 7 años de prisión. Entre los sentenciados destaca Miguel Ángel Camilo Pérez, uno de los cabecillas de la red. Además, se decretó la disolución de las dos empresas utilizadas como fachadas y el decomiso de bienes de lujo, incluyendo vehículos de alta gama, joyas, y grandes sumas de dinero en efectivo.
Combate contra el ciberdelito
El Fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes destacó la labor del Ministerio Público para garantizar justicia a las víctimas, muchas de las cuales perdieron ahorros acumulados por décadas debido a las estafas. Este caso reafirma el compromiso de las autoridades para enfrentar con firmeza el ciberdelito y la criminalidad organizada en el país.
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