La Corte de Apelación de Santiago reafirma penas severas en el caso Casa Blanca tras rechazar recursos y confirmar la responsabilidad penal
SANTIAGO, República Dominicana, – La Corte de Apelación confirmó las condenas por trata de personas en Casa Blanca, al rechazar los recursos de cinco procesados vinculados a una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres y operaba en moteles de Santiago y La Vega. La decisión fortalece la postura del Ministerio Público contra la trata agravada, el lavado de activos y el porte ilegal de armas de guerra.
Red confirman penas
La corte ratificó las penas de 20, 15, 10 y 7 años de prisión, dictadas en primera instancia contra los implicados en la estructura criminal. Además, rechazó un recurso incidental que intentaba extinguir la acción penal, presentado por Jolbert José Ramírez Palomo y apoyado por los demás acusados. La resolución mantiene intactas las sanciones establecidas por el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago.
Responsabilidad financiera
El tribunal dispuso que los procesados asuman las costas generadas por sus recursos. Mientras tanto, eximió al Ministerio Público del pago de los gastos del proceso. La representación estatal incluyó a procuradores especializados en trata y lavado, así como a una abogada querellante en favor de las víctimas.
Estructura criminal
La investigación reveló que la organización captaba mujeres en Colombia y Venezuela para explotarlas sexualmente en el Casa Blanca Night Club y en una red de moteles. Las víctimas eran sometidas a multas arbitrarias, restricciones de movilidad y, en algunos casos, amarradas a camas. La corte subrayó la gravedad del esquema, que trataba a las mujeres como mercancía mediante catálogos en moteles donde se exhibían fotos en ropa interior para seleccionar “servicios”.
Datos del proceso
En los operativos se rescataron 45 víctimas. La sentencia original condenó a Juan Antonio Fernández Fernández a 20 años de prisión, el pago de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$14 millones. Grismelda Acarilis Merejo Salas recibió 15 años; María Magdalena Batista, 10 años; y Ramírez y Correa, 7 años cada uno.
Las condenas por trata de personas en Casa Blanca quedan así firmes, reforzando el precedente judicial contra organizaciones dedicadas a la explotación sexual en la región.
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