La justicia dominicana declaró en rebeldía a una empresa vinculada a Jochi Gómez tras no presentarse a la audiencia preliminar por el caso Camaleón
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La justicia declaró en rebeldía a la empresa vinculada a Jochi Gómez, señalada por el Ministerio Público como parte de un amplio esquema de corrupción, contrabando y lavado de activos investigado dentro del caso Camaleón.
Rebeldía judicial declarada
El Sexto Juzgado de la Instrucción declaró en rebeldía a la empresa vinculada a Jochi Gómez por la ausencia de su representante legal en el inicio de la audiencia preliminar. La decisión fue tomada a solicitud del Ministerio Público, que señaló la importancia de avanzar en este tramo procesal. La jueza Yanibet Rivas dispuso un receso y fijó nueva fecha para el 15 de diciembre. La defensa pidió una reposición de plazo para estudiar la acusación, solicitud que solo fue aceptada parcialmente.
Plazo para estudiar la acusación
La defensa pretendía obtener entre 45 y 60 días. El Ministerio Público se opuso. Destacó que 25 días resultan razonables para revisar el expediente de 338 páginas. Según los fiscales, la empresa vinculada a Jochi Gómez forma parte de operaciones de lavado de activos y contrabando. Los fiscales detallaron que las pruebas muestran un patrón sostenido de irregularidades financieras y tecnológicas.
Estructura del caso Camaleón
La Pepca acusa a diez personas y siete empresas de un entramado criminal que incluye corrupción administrativa, sabotaje tecnológico, fraude en contrataciones públicas y lavado de activos. El esquema operaba dentro del Intrant y el Ministerio de Defensa, donde se otorgaron accesos irregulares a empresas vinculadas a procesos sensibles. La empresa vinculada a Jochi Gómez aparece conectada con varias compañías señaladas en el expediente.
Vínculos investigados
La acusación afirma que José Ángel Gómez Canaán tenía control societario y operativo sobre varias empresas usadas para estafar al Estado. Se mencionan pagos irregulares, contratos manipulados y sabotajes en infraestructura crítica. La jueza Fátima Veloz declaró el caso complejo en 2024 tras validar la amplitud del esquema y el volumen de evidencias reunidas.
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