Abogada Laura Acosta presenta documentos que, según su versión, demuestran ocultamiento de información fundamental por parte de la fiscalía
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El desmantelamiento de la red de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) pudo haber ocurrido tres años antes. Esta es la contundente acusación que la defensa del exministro Gonzalo Castillo esgrime contra el Ministerio Público, basándose en lo que califican como omisiones deliberadas de pruebas cruciales en poder de la fiscalía desde el 2022.
Una investigación postergada
La abogada Laura Acosta, representante legal de Gonzalo Castillo, presentó ante el tribunal y la prensa un argumento que busca dinamitar la credibilidad de la acusación. Sostiene que José Pablo Ortiz, testigo clave del Ministerio Público en este caso y en el denominado «Calamar», fue beneficiado con un trato preferencial. Según Acosta, la fiscalía tenía conocimiento desde hace años de sus ingresos irregulares y no procedió. «Con esas investigaciones se pudo detectar el caso Senasa hace tres años», afirmó la letrada con tono firme.
El testigo bajo la lupa
Los documentos mercantiles obtenidos por la defensa revelarían transacciones y roles que, a su juicio, no fueron investigados con rigor. Ortiz Giráldez, quien declaró ser intermediario para recaudar comisiones ilegales de empresas proveedoras del Senasa, operó como testigo protegido. Para la defensa, esto ocurrió sin una evaluación crítica mínima de su credibilidad. Este escudo procesal, alegan, es incompatible con la obligación de objetividad que debe regir al Ministerio Público. La estrategia legal apunta a una contradicción insalvable.
El privilegio procesal cuestionado
«Es un privilegio procesal inadmisible», sentenció Acosta. La defensa construye su petición de nulidad absoluta sobre la base de estas omisiones del Ministerio Público. Alegan que la acusación se sostiene sobre cimientos débiles: información ocultada y contradicciones documentales. La fiscalía, según esta versión, optó por no profundizar en la pista que el propio testigo representaba, retrasando así la revelación total del esquema. El juicio, que continúa la próxima semana, se enfrenta ahora a una bifurcación procesal.
La solicitud de nulidad absoluta
El equipo de Castillo insistió en que el proceso carece de validez. La credibilidad de la investigación fiscal está ahora en el banquillo. La defensa cerró su alegato rechazando que una acusación de tal magnitud pueda basarse en lagunas tan profundas. La bola está ahora en la cancha del tribunal. La sociedad dominicana observa cómo se desarrolla un caso que no solo juzga a individuos, sino que pone a prueba los mecanismos mismos de la justicia.
Entre Calamar y Senasa: Ortiz Giráldez sin condena pública
Lo controvertido de este entramado es que José Pablo Ortiz Giráldez aparece vinculado, según los expedientes del Ministerio Público, a las estructuras investigadas en los casos Calamar y Senasa. En ambas investigaciones, su nombre surge como parte del engranaje interno que permitió el funcionamiento de esquemas complejos de manejo irregular de fondos públicos, descritos por la acusación como redes organizadas dentro del Estado.
Sin embargo, Ortiz Giráldez no figura entre los condenados ni los principales imputados. La razón es procesal y estratégica: el Ministerio Público le otorgó la condición de “delator privilegiado”, una figura legal que implica cooperación con la investigación a cambio de beneficios penales. Por lo que, bajo ese esquema, su testimonio habría sido utilizado para fortalecer los casos contra otros actores de mayor jerarquía política y administrativa, lo que explica su exclusión de las listas de acusados finales.
Por último, este punto genera una fuerte tensión en la opinión pública. Para muchos, el mensaje resulta incómodo: un actor señalado como parte operativa de estructuras calificadas por la acusación como mafiosas termina sin condena, no por ausencia de participación, sino por su utilidad como colaborador del sistema de justicia. Asimismo, todo ello ocurre bajo el marco legal vigente y el principio de presunción de inocencia, pero deja abierta una pregunta de fondo sobre los límites éticos y políticos del uso de los delatores privilegiados en los grandes casos de corrupción del Estado dominicano.
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