SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los diputados de la provincia La Romana solicitaron una investigación urgente al sistema judicial de esa demarcación. Esta acción sin precedentes busca frenar lo que catalogaron como abusos sistemáticos y violaciones a los derechos fundamentales en la Fiscalía en esa provincia.

Solicitan acción inmediata

Por tanto, los congresistas Carlos De Pérez, Jacqueline Fernández Brito, Eugenio Cedeño Areche y Wandy Modesto Bautista Gómez entregaron una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mediante la cual piden que se apoderen las Comisiones de Justicia, Ministerio Público y Derechos Humanos.

Según la solicitud formal remitida por la Secretaría General Legislativa, se recibieron múltiples denuncias de irregularidades graves. Estas incluyen encarcelamientos sin base legal, negación de justicia a personas de escasos recursos y ausencia de respuestas institucionales efectivas.

Critican horario judicial

Además, los diputados enfatizaron que la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción solo funciona en horario laborable. Al operar únicamente de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., los ciudadanos quedan desprotegidos los fines de semana y feriados, lo que representa, según sus palabras, «una grave violación a su razón de ser».

Igualmente, denunciaron que la oficina de atención al usuario carece de personal suficiente y espacio adecuado, lo que obliga a los ciudadanos a esperar hasta ocho horas para recibir servicios básicos.

Denuncian permanencia irregular

Asimismo, los legisladores cuestionaron la permanencia de la magistrada Reina Yaniris Rodríguez como fiscal titular de La Romana. Según expusieron, esto infringe el artículo 98 del Reglamento de Carrera del Ministerio Público y los artículos 36 y 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11).

Es importante señalar que existe una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, emitida en febrero de 2020, que ordenó su traslado y ascenso a San Pedro de Macorís. Sin embargo, dicha decisión no ha sido ejecutada, hecho que agrava la falta de institucionalidad.

Exigen medidas firmes

En consecuencia, los diputados solicitaron que se determinen responsabilidades institucionales y se adopten medidas correctivas inmediatas para asegurar un sistema de justicia accesible, equitativo y eficiente, especialmente para las personas sin recursos económicos ni influencias políticas.