El nuevo Código Penal eleva penas, combate corrupción y fortalece derechos de víctimas en una reforma histórica. / Fuente externa.
El nuevo Código Penal marcará un hito con penas más severas y protección reforzada para víctimas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El nuevo Código Penal fue promulgado ayer por el presidente Luis Abinader, terminando con 141 años de vigencia del modelo penal napoleónico de 1884. La norma, que entrará en vigor en agosto de 2026, introduce 72 tipos penales inéditos, aumenta las penas máximas y fortalece la lucha contra la corrupción y la protección de las víctimas.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, destacó que el código anterior imponía penas irrisorias frente a delitos graves, minando la confianza ciudadana en el sistema judicial. Con esta reforma, la República Dominicana enfrenta el reto de modernizar la justicia penal, adecuándola a los desafíos del siglo XXI.
Medidas más severas y modernas
El nuevo Código Penal RD eleva la pena máxima de 30 a 40 años, permitiendo un cúmulo de hasta 60 años en casos de delitos graves como feminicidio, sicariato, bullying y el uso de sustancias químicas dañinas, como el llamado “ácido del diablo”.
Se tipifican delitos antes inexistentes, como el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio, la desaparición forzada, la obstrucción de justicia, el autosecuestro y la falsa denuncia. Además, aumenta la pena por violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
En materia de criminalidad compleja, el código incorpora todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos con dolo eventual y culpa consciente. Asimismo, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo sancionar empresas por negligencia o delitos cometidos por sus representantes.
Protección a víctimas y justicia social
Una de las grandes innovaciones del nuevo Código Penal es el fortalecimiento de la protección de las víctimas. Se amplían las órdenes de protección en casos de violencia de género e intrafamiliar, se extienden los plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores y personas vulnerables hasta 30 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad, y se endurecen las sanciones para delitos de violencia física, psicológica y económica.
También se incluyen medidas sociojudiciales para prevenir la reincidencia, como el registro de agresores sexuales y programas de reeducación y reinserción social. Estas iniciativas buscan garantizar que la justicia no solo sancione, sino que contribuya a la rehabilitación de los infractores.
Corrupción y seguridad ciudadana
La lucha contra la corrupción administrativa es otro eje central. El nuevo Código Penal amplía los plazos de prescripción de estos delitos, endurece las sanciones y establece la inhabilitación de los responsables para ocupar cargos públicos. Esto responde a la necesidad de cerrar brechas legales que favorecían la impunidad, especialmente en casos de mal manejo de fondos estatales.
Asimismo, la norma reconoce la seguridad ciudadana como una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, integrando la prevención del delito como política pública y fomentando la educación cívica y la colaboración ciudadana.
Controversias y retos de implementación
No obstante, la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo generó rechazo de sectores que defienden los derechos reproductivos, evidenciando tensiones entre grupos conservadores y progresistas. Este punto ha sido considerado por analistas como el principal vacío de la reforma.
El presidente Abinader calificó la promulgación como “un paso histórico hacia un sistema de justicia más justo y equitativo”. Sin embargo, el verdadero desafío radica en la capacitación de jueces y fiscales, la adecuación de infraestructuras judiciales y la asignación de recursos suficientes para implementar las nuevas disposiciones.
Un salto hacia el futuro
La promulgación del nuevo Código Penal pone fin a un marco normativo anacrónico que no respondía a la criminalidad moderna ni a las necesidades de la ciudadanía. Con esta reforma, la República Dominicana se encamina a un modelo de justicia más equilibrado, que combina sanción, prevención y resocialización.
A partir de agosto de 2026, la sociedad dominicana tendrá en sus manos una herramienta moderna que promete transformar la justicia, reforzar la seguridad ciudadana y proteger con mayor rigor los derechos de las personas. El reto ahora será materializar estas reformas en el día a día, asegurando que la ley no se quede solo en el papel.
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