Tres años de silencio oficial: denuncia por despojo contra la Opret por indefinición de terrenos en Los Alcarrizos
LOS ALCARRIZOS, República Dominicana — El viaducto de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo ya cruza el paisaje del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Inaugurada con bombos y platillos en febrero de 2026, la obra promete conectar en diez minutos a más de un millón de habitantes. Sin embargo, para Isabel Cabral Ramírez y su familia, la modernidad no llegó en forma de tren, sino como una losa de incertidumbre que lleva más de tres años aplastando su patrimonio. La denuncia por despojo que pesa contra la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), revelada por CDN (Cadena de Noticias), expone el lado oscuro del progreso urbano.
El limbo de los linderos
La señora Isabel Cabral Ramírez, propietaria de varias viviendas afectadas por la construcción, denunció ante CDN que la Opret se niega a definir el área que finalmente le pertenece tras la expropiación. «Llevamos más de tres años esperando que los técnicos vengan a delimitar lo poco que nos quedó. Sin esa línea, no podemos cerrar, no podemos construir, no podemos hacer nada», declaró la afectada. La indefinición impide a la familia ejercer su derecho a la propiedad, quedando en un limbo jurídico que ninguna estación de metro puede resolver.
Según consta en la denuncia, la Opret ha recibido múltiples solicitudes y diligencias formales por parte de Cabral, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna. Mientras el Gobierno celebra la integración de Santo Domingo Oeste a la red del Metro, en el entorno de la Línea 2C una familia espera, sin éxito, que el Estado cumpla con su deber más básico: poner una raya en la tierra y decir «hasta aquí es tuyo».
Promesas de progreso contra realidad ciudadana
El discurso oficial, replicado durante la inauguración de la extensión del Metro, asegura que la obra traerá desarrollo, plusvalía y dignidad a comunidades densamente pobladas. Sin embargo, la denuncia por despojo difundida por CDN revela una fractura entre la narrativa del progreso y la experiencia de quienes fueron directamente afectados. «Dicen que el Metro trae desarrollo, pero si a uno no le definen su propio pedazo de tierra, ese desarrollo se convierte en un problema», sentenció Cabral.
Este vacío administrativo contrasta con las afirmaciones del Poder Ejecutivo, que calificó la obra como el cierre de «una espera larga y el inicio de un futuro nuevo». Para la familia Cabral Ramírez, el futuro sigue siendo una incógnita, enquistada en la burocracia de una institución que parece haber priorizado la ingeniería sobre el factor humano.
Un caso que expone fallas sistémicas
El conflicto en el kilómetro 14 de la autopista Duarte no es un hecho aislado, sino el síntoma de una gestión de expropiaciones que opera al margen de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y de la normativa de expropiación forzosa. Mientras la Opret atraviesa un proceso de transición hacia la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) mediante el decreto núm. 60-26, el caso de Isabel Cabral Ramírez permanece sepultado en el papeleo institucional.
La denuncia por despojo, ventilada por CDN, añade ahora un flanco social a los desafíos técnicos que ya enfrenta la Línea 2C, incluyendo reportes sobre deterioro en sus estructuras. Mientras el ingeniero Jhael Isa Tavárez, director de la Opret, supervisa la «logística para garantizar la entrega en el tiempo previsto», la logística para dar respuestas a los damnificados avanza a paso de tortuga.
Los afectados no se oponen al progreso, pero exigen que este llegue con reglas claras. Isabel Cabral sigue esperando, en la puerta de su casa, a que alguien llegue con una estaca y un plano para decirle, de una vez por todas, hasta dónde es suya la tierra que le queda. La pregunta que flota en el aire de Los Alcarrizos es simple pero brutal: ¿de qué sirve un metro que conecta ciudades, si es incapaz de conectar a las instituciones con los ciudadanos?
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