Gens exige a la JCE evaluar la legitimidad del PRM por supuestos vínculos con redes del narcotráfico
SANTO DOMINGO, República Dominicana – La organización política Gens solicitó la anulación de la personería jurídica del PRM (Partido Revolucionario Moderno) ante la Junta Central Electoral (JCE). Acusó al partido oficialista de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. Según la denuncia, el PRM habría usado su estructura política para consolidar un “cartel de poder” dentro del Estado dominicano.
En el documento entregado a la JCE, Gens asegura tener evidencias que respaldan la solicitud de anulación del PRM por vínculos con narcotráfico. Explicaron que las pruebas serán presentadas durante el proceso correspondiente. La organización afirma que el partido utilizó su estructura para infiltrar instituciones del Estado, afectando la transparencia democrática y el equilibrio electoral del país.
Denuncia con alcance internacional
El movimiento político anunció que también depositará el expediente ante el Congreso de Estados Unidos, la OEA, la Comisión Europea y varias embajadas. Gens afirma que su objetivo es “impedir la normalización del narcotráfico y el lavado de activos en la República Dominicana”. Según sus voceros, el PRM habría convertido su fachada partidaria en una red de intereses ilícitos.
El grupo político aclaró que no busca desestabilizar al Gobierno, sino restaurar la integridad institucional del sistema electoral. Calificaron el actual modelo político como “secuestrado por estructuras criminales con poder económico y estatal”.
Silencio del PRM y reacción pública
Hasta el momento, ni la JCE ni representantes del PRM han emitido comentarios sobre la denuncia. Fuentes políticas prevén que el caso podría generar una revisión sin precedentes del estatus legal de los partidos reconocidos en el país.
Analistas advierten que, si la JCE admite la solicitud, iniciará un debate sobre los límites legales de los partidos y el financiamiento ilícito. Un estudio reciente del Observatorio Político Dominicano (OPD) indica que el 62% de los ciudadanos cree que los partidos carecen de controles éticos y transparencia financiera.
Política y narcotráfico entrelazados
En los últimos cinco años, República Dominicana ha visto cómo la línea entre política y crimen organizado se ha vuelto difusa. Diputados, alcaldes y regidores –principalmente del PRM– han sido acusados, condenados o investigados por su presunta participación en redes de narcotráfico y lavado de activos.
Entre los casos más notorios están la diputada Rosa Amalia Pilarte, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos, y el diputado Miguel Gutiérrez Díaz, condenado en Estados Unidos por traficar cocaína. También figuran funcionarios locales involucrados en estructuras que habrían financiado campañas políticas con dinero ilícito.
A nivel municipal, regidores como Edickson Herrera Silvestre y Walky Cuevas Charles enfrentan procesos judiciales. Exalcaldes y diplomáticos también han sido extraditados o condenados en el extranjero. El patrón se repite entre varios partidos, mostrando una tendencia alarmante: la penetración del crimen organizado en la política dominicana y la falta de controles sobre el origen de los fondos electorales.
Narcotráfico y política: un riesgo creciente
El Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2024 del Departamento de Estado de EE. UU. indica que la República Dominicana sigue siendo un punto clave de tránsito de cocaína hacia Norteamérica y Europa. En 2024 se incautaron más de 27 toneladas, un aumento del 31% respecto al año anterior, según datos de la DNCD.
La OFAC ha sancionado a varios funcionarios dominicanos por presunta colaboración con redes criminales. La Embajada de EE. UU. en Santo Domingo advierte que la corrupción ligada al narcotráfico “amenaza la gobernanza democrática y la estabilidad institucional” del país.
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