Juicio por estafa millonaria en el mercado de valores afectó a 192 personas en el país
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a un hombre y una mujer acusados de una estafa millonaria en el mercado de valores que afectó a 192 personas.
El Ministerio Público atribuye a Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero una estafa superior a RD$124 millones mediante falsas ofertas de inversión financiera.
El tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio contra los imputados. La decisión se basó en pruebas documentales, financieras y testimoniales. Las autoridades vinculan a los acusados con delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, abuso de confianza y lavado de activos. También enfrentan cargos por violar la Ley del Mercado de Valores.
Falsas ofertas de inversión
Según el expediente, los acusados captaron fondos del público con promesas de inversiones seguras y altos rendimientos. Para lograrlo, utilizaron como fachada la empresa Pipschasers Capital, S.R.L.
Bajo esa estructura, se presentaban como corredores de bolsa y gestores de fondos de inversión. Sin embargo, carecían de autorización legal para operar en el mercado de valores.
Contratos sin transparencia
Los contratos firmados con las víctimas omitían información clave sobre el destino real del dinero. Tampoco explicaban los riesgos ni el uso final de los fondos captados.
El Ministerio Público sostiene que esa omisión formó parte central del esquema fraudulento.
Flujo irregular de dinero
Las investigaciones detectaron múltiples transferencias entre cuentas vinculadas a los acusados. Ese patrón financiero buscaba dificultar la trazabilidad del dinero. Parte de los fondos habría sido desviada para gastos personales, según detalla la acusación formal.
Juicio por delitos financieros
La procuradora Lewina Tavárez Gil y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo presentaron los elementos probatorios. La jueza Yanibet Rivas validó la solidez del expediente.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la persecución de delitos financieros. Además, reiteró su enfoque en proteger la confianza del sistema económico nacional.
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