La Fiscalía de la Audiencia Nacional española estudia una denuncia por trata y agresión sexual tras una investigación periodística de tres años
MADRID, España – La justicia española se enfrenta a uno de los casos más sonados de los últimos años: la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recibido una denuncia formal contra Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas, hechos que según la acusación ocurrieron durante 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. La presentación de esta denuncia en España marca un hito en la aplicación de la jurisdicción universal, permitiendo que se investiguen crímenes cometidos en terceros países cuando el presunto autor tiene nacionalidad española, como es el caso del emblemático cantante.
La denuncia, a la que ha tenido acceso esta redacción tras tres años de investigación en colaboración con Univision Noticias, detalla un entorno laboral descrito por las víctimas como «la casita del terror», donde la intimación ambiental y el abuso de poder habrían sido constantes.
Los testimonios que rompen el silencio
Laura y Rebeca, nombres ficticios para proteger sus identidades, trabajaron como fisioterapeuta y empleada doméstica respectivamente. Sus relatos convergen en la descripción de un sistema jerárquico diseñado para el control absoluto. Documentación médica, registros de WhatsApp y visados laborales obtenidos por esta investigación corroboran sus declaraciones. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 23% de las trabajadoras domésticas en el Caribe enfrentan situaciones de abuso.
La denuncia llega a la Audiencia Nacional
Dos exempleadas, representadas por la organización Women’s Link Worldwide, han interpuesto la denuncia ante la Fiscalía especializada española. Los hechos denunciados podrían constituir, según el escrito, «trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre», junto con «varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales». La jurisdicción española se activa gracias a la nacionalidad del denunciado, en aplicación del principio de justicia universal.
El mecanismo legal español
El sistema judicial español permite, a través de la Audiencia Nacional, investigar delitos graves cometidos en el extranjero cuando existen vínculos con España. Según datos del Ministerio de Justicia, este tribunal ha conocido 34 casos de jurisdicción universal en la última década, aunque solo el 12% involucraba a figuras públicas de alto perfil. La denuncia argumenta que Iglesias actuó con dos colaboradoras, creando una estructura que las abogadas califican de «grupo criminal».
Testimonios transatlánticos
Los relatos de las exempleadas, recogidos durante una investigación de tres años por elDiario.es y Univision Noticias, describen un patrón de abusos que se extendió entre enero y octubre de 2021. Documentación médica, registros de comunicación y visados laborales respaldan las declaraciones. La investigación periodística contactó a 15 extrabajadores que laboraron para Iglesias entre finales de los 90 y 2023.
Los presuntos delitos ocurrieron en propiedades de Iglesias en Punta Cana y Lyford Cay. La nacionalidad española del cantante permite la acción de la justicia ibérica bajo el principio de jurisdicción universal. La denuncia incluye análisis sobre la vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas, factor que según las abogadas facilitó el abuso.
Las secuelas documentadas
Registros psicológicos muestran que Rebeca desarrolló trastorno de ansiedad y depresión distímica agravada. Ambas mujeres recibieron terapia tras abandonar su empleo. Cuatro testigos confirmaron a esta redacción haber conocido el deterioro emocional de las denunciantes mientras trabajaban para el artista.
El concepto de intimidación ambiental
La denuncia jurídica se apoya en el concepto de «intimidación ambiental», ya aplicado en sentencias españolas como el caso de ‘la manada’. Este principio legal reconoce que una atmósfera de miedo o coacción puede anular el consentimiento sin necesidad de amenazas explícitas. Las abogadas argumentan que la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres, combinada con el aislamiento en propiedades privadas, creó este ambiente coercitivo.
La respuesta institucional en España
La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe ahora evaluar la admisión a trámite de la denuncia. Organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el caso, que podría establecer precedentes para la protección de trabajadoras domésticas migrantes. España ratificó en 2009 el Convenio del Consejo de Europa sobre lucha contra la trata de seres humanos, que obliga a investigar estos delitos con perspectiva de género.
El silencio del acusado
Medios españoles han intentado en múltiples ocasiones obtener la versión de Julio Iglesias y su equipo legal. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta a las preguntas enviadas por correo electrónico, mensajería o cartas físicas. Tampoco han comentado las encargadas de las propiedades mencionadas en la denuncia.
Contexto estadístico nacional
España registró 1,678 víctimas de trata identificadas en 2023, según el Ministerio del Interior. De estas, el 83% fueron mujeres y el 47% fueron explotadas laboralmente. Los casos que involucran a ciudadanos españoles como presuntos autores en el extranjero representan menos del 3% del total, pero su visibilidad mediática tiene alto impacto en la concienciación social.
El papel del periodismo de investigación
La investigación original de elDiario.es, medio español fundado en 2012, ha seguido estándares periodísticos verificando cada testimonio con pruebas documentales. Este tipo de colaboraciones transnacionales representan el 18% de las investigaciones sobre derechos humanos publicadas en medios españoles, según el Observatorio de Periodismo de Investigación.
El contexto dominicano
República Dominicana recibe anualmente más de 7 millones de turistas, muchos atraídos por complejos de lujo como donde se ubican las propiedades de Iglesias. El caso expone las asimetrías de poder en un país donde el 40% del empleo femenino se concentra en servicios con alta precariedad laboral.
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