El Departamento de Justicia presenta demanda civil contra Philippe Bien-Aime por ocultar una orden de deportación y utilizar un alias para obtener la ciudadanía
MIAMI, Florida – Una investigación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos destapó un presunto entramado de fraudes que llevó al Departamento de Justicia a iniciar un proceso de desnaturalización contra Philippe Bien-Aime, quien fungió como alcalde de North Miami entre 2013 y 2019 y ahora enfrenta la posibilidad de perder la ciudadanía obtenida, según la acusación, de manera irregular.
La denuncia civil presentada esta semana ante el Tribunal de Distrito de Miami pone en el centro del debate migratorio a una figura conocida en el sur de Florida. Philippe Bien-Aime, nacido en Puerto Príncipe, Haití, es señalado por las autoridades federales de haber construido un andamiaje de mentiras para eludir la ley y naturalizarse estadounidense. Según el expediente judicial, el exfuncionario municipal habría ingresado a Estados Unidos utilizando un pasaporte falso con el nombre de Jean Philippe Janvier, identidad bajo la cual un juez de inmigración emitió una orden de deportación en 2001.
Doble identidad al descubierto
La investigación que dio origen a esta demanda de desnaturalización se apoyó en el proyecto de Inscripción Histórica de Huellas Digitales, una iniciativa conjunta de USCIS y el Departamento de Justicia que permite cotejar registros biométricos de décadas atrás. Fue así como las autoridades confirmaron que las huellas dactilares de Bien-Aime coincidían plenamente con las del expediente de Janvier. La acusación sostiene que, pese a la orden de remoción, el imputado nunca salió del país. En lugar de ello, adoptó el nombre de Philippe Bien-Aime, contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense —sin haber disuelto un vínculo previo en Haití— y en 2006 obtuvo la carta de naturalización.
El expediente judicial detalla que durante las entrevistas para el ajuste de estatus y la naturalización, el acusado negó bajo juramento estar sujeto a una orden de deportación y ocultó información relevante sobre sus domicilios y su núcleo familiar. Los fiscales sostienen que estas declaraciones falsas fueron determinantes para que el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización aprobara su solicitud. De probarse los señalamientos, la ciudadanía habría sido obtenida en violación de las leyes migratorias, lo que justifica el proceso de desnaturalización ahora en curso.
Trayectoria política en entredicho
Bien-Aime construyó una carrera pública ascendente en North Miami. Electo por primera vez a la comisión municipal en 2013, su carisma y trabajo comunitario lo llevaron a la alcaldía en 2019, cargo que ocupó hasta 2019. Durante su gestión, promovió proyectos de vivienda asequible, protección ambiental y lideró la respuesta municipal a la pandemia de COVID-19, estableciendo bancos de alimentos y destinando fondos a los negocios más afectados. Su perfil como inmigrante exitoso y defensor de causas haitianas lo convirtió en una figura respetada en organizaciones como la Cámara de Comercio Haitiano-Americana y la Red de Funcionarios Electos Americanos de Haití.
Sin embargo, los cargos federales empañan ese legado. La defensa, a cargo del abogado Peterson St. Philippe, ha recordado que la denuncia no constituye una prueba de culpabilidad. «El señor Bien-Aime es inocente hasta que se demuestre lo contrario», señaló el letrado en un breve comunicado. La comunidad haitiana en Florida sigue con atención el desarrollo del caso, mientras líderes locales evitan pronunciarse hasta que exista una resolución judicial. Fuentes consultadas por Alcarrizos News indican que el ambiente es de cautela, pues muchos recuerdan los años de servicio público del acusado.
Un giro en la política migratoria
Este caso de fraude migratorio no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una directriz federal más estricta. La administración actual ha intensificado la persecución de naturalizaciones presuntamente fraudulentas, fijando metas que superan con creces los promedios históricos. Datos de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración revelan que entre 1990 y 2017 el gobierno presentó un promedio de once demandas de desnaturalización al año. En contraste, la nueva política ordena a USCIS remitir entre cien y doscientos casos mensuales a la División Civil del Departamento de Justicia.
El caso de Bien-Aime será litigado por la Unidad de Litigios Afirmativos de la Oficina de Litigios Migratorios, en conjunto con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. De prosperar la acción civil, el exalcalde no solo perdería la ciudadanía, sino que quedaría nuevamente sujeto a la orden de deportación emitida hace más de dos décadas. El proceso, asignado al juez K. Michael Moore, promete ser largo y complejo, y sentará un precedente sobre los límites de la prescripción en delitos migratorios y el peso de la prueba documental histórica en los tribunales.
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