La demanda exige el pago de RD$580 millones en incentivos
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República interpuso una demanda por daños y perjuicios ascendentes a RD$580 millones contra esa institución. El reclamo surge por el incumplimiento durante seis años consecutivos en el pago de incentivos de rendimiento individual a servidores de carrera.
Asociación exige cumplimiento
La Asociación de Servidores Públicos denunció que la Contraloría, dirigida por Félix Antonio Santana García, ha incumplido el pago de bonos por más de 300 millones de pesos correspondientes a los años 2020 a 2025. Según el abogado Oliver Batía, representante de la ASP-CGR, la deuda total asciende a RD$580 millones y está respaldada por la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09, además de varias resoluciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública.
Un abuso contra servidores
El jurista Batía calificó de abuso sistemático el incumplimiento, advirtiendo que no se trata de un retraso administrativo sino de una violación reiterada de derechos adquiridos. “Los servidores públicos han cumplido con su labor y han superado las metas exigidas, pero la Contraloría incumple la ley”, expresó. La Asociación advirtió que el caso podría abrir la puerta a más demandas contra el contralor Félix Antonio Santana, el director de Presupuesto José Rijo Presbot y autoridades del MAP, por su complicidad en la retención de incentivos.
Lo que establece la ley
La Ley 41-08 dispone que la evaluación del desempeño de los servidores debe determinar incentivos económicos, académicos y morales. El Decreto 523-09 reconoce el derecho de los empleados públicos a estímulos institucionalizados y el Decreto 527-09 establece que los incentivos se fundamentan en el mérito demostrado. A estas normas se suman las resoluciones No. 100-2018, 041-2020, 089-2024 y la circular No. 0035105, que refuerzan la obligación legal de pago.
Falta de transparencia denunciada
Según la Asociación de Servidores Públicos, el daño total supera los 800 millones de pesos, lo que refleja una grave falta de transparencia dentro de la propia Contraloría General de la República. La demanda, interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo, busca que se respete la ley y se reconozca la labor de los servidores de carrera que han sostenido con su trabajo el funcionamiento de la administración pública.
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