La reforma aprobada por diputados y senadores contradice la sentencia TC/0788/24 y devuelve el control total a los partidos
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El Congreso Nacional aprobó la eliminación de las candidaturas independientes, pese a que la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional había reinterpretado la Ley 20-23 para permitirlas mediante agrupaciones cívicas o sociales. La decisión reabrió un choque entre el poder político y la justicia constitucional, y dejó en manos del Poder Ejecutivo la última palabra sobre una reforma que toca el corazón del sistema electoral dominicano.
Candidaturas bajo ataque
La señal política fue seca y sin rodeos. Diputados y senadores optaron por borrar del régimen electoral la vía que el Tribunal Constitucional había reconfigurado en diciembre de 2024. El fallo no había suprimido esa figura. Al contrario, declaró no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, pero ordenó una nueva interpretación. Esa redacción abrió espacio para candidaturas independientes sustentadas por agrupaciones cívicas o sociales, sin requisito previo de inscripción.
El choque legal
Ahí está el punto picante de esta historia. El Congreso no reguló la sentencia. La neutralizó. Según reportes de Diario Libre y Listín Diario, los legisladores inobservaron el mandato constitucional y se apoyaron en el artículo 216 para devolver el control total de las postulaciones a los partidos. El resultado fue una reforma que, en términos políticos, cierra la puerta a la ciudadanía organizada fuera de las maquinarias partidarias. En términos jurídicos, deja servido un nuevo conflicto constitucional. Ya antes, lo habían hecho los senadores, quienes en segunda lectura votaron a favor de la eliminación de las candidaturas independientes.
Lo que venía
La contradicción se vuelve más evidente al revisar el recorrido institucional. En febrero de 2025, la propia Junta Central Electoral abrió un cronograma de trabajo para elaborar una propuesta de ley que regulara las candidaturas independientes a partir de la sentencia TC/0788/24. Es decir, el órgano electoral asumió que el fallo debía cumplirse y desarrollarse. Sin embargo, el Congreso tomó la ruta opuesta. Además, tras la aprobación final en la Cámara de Diputados, el proyecto pasó al Poder Ejecutivo para promulgación o veto.
Pulso de poder
Aquí no solo se discute una técnica electoral. Se discute quién puede competir por el poder en República Dominicana. Cuando el sistema se cierra sobre sí mismo, la democracia se encoge. Las candidaturas independientes no garantizan virtud, pero su eliminación sí fortalece el cerrojo partidario. Por eso esta decisión tiene un peso mayor que una simple reforma legal. Toca representación, acceso y pluralismo. Y también envía un mensaje duro: cuando la sentencia incomoda, la política intenta borrarla desde el Congreso.
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