DGCP ordena a funcionarios públicos con participación accionaria, así sea mínima, suspender registro de proveedores en un plazo de 15 días
Santo Domingo, República Dominicana – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha puesto en marcha una de las reformas más drásticas en la lucha contra los conflictos de intereses al implementar el nuevo régimen de incompatibilidad absoluta que establece la Ley 47-25. A partir de ahora, la simple posesión de una acción, por mínima que sea, en una empresa que venda al Estado inhabilita al funcionario para contratar. Se acaba así la histórica tolerancia del 10% que permitía a autoridades ser proveedores sin desprenderse de sus acciones.
La circular DGCP44-PNP-0001-2026, emitida por el órgano rector, no deja espacio a las medias tintas. El viejo truco de mantener una participación accionaria inferior al diez por ciento, aquel resquicio legal que durante años permitió a funcionarios lucrarse del erario mientras ocupaban cargos públicos, ha sido enterrado por el artículo 38 de la nueva legislación. El espíritu de la ley es claro: quien sirve al Estado, no puede servirse de él. El plazo para acogerse a la nueva disposición es de apenas quince días hábiles, un lapso en el que cientos de servidores públicos deberán optar entre su cargo o sus intereses empresariales.
El fin de una era de tolerancia accionaria
La decisión de la DGCP, liderada por Carlos Pimentel, apunta directo a la médula de la corrupción administrativa. Durante la vigencia de la Ley 340-06, el ordenamiento jurídico dominicano no logró articular mecanismos efectivos que evitaran los conflictos de interés, permitiendo que figuras con poder de decisión en compras mantuvieran vínculos accionarios con compañías contratistas. Eso cambió radicalmente. Ahora, el régimen de incompatibilidad absoluta considera que cualquier nivel de participación societaria -sin importar si es una acción o el 49%- constituye una inhabilidad para contratar con todos los entes del Estado, desde ministerios hasta ayuntamientos.
La depuración del Registro de Proveedores del Estado (RPE) será automática para quienes no cumplan. La DGCP ha sido enfática: si el funcionario no solicita la suspensión voluntaria en el formulario dispuesto en su portal web, el Estado procederá de oficio. Esta medida no es un mero trámite burocrático; es un blindaje contra las figuras jurídicas opacas y las testaferrilladas que desangran el presupuesto nacional. La lista de afectados es larga e incluye desde el presidente de la República hasta directores de distritos municipales, pasando por legisladores y contralores, lo que evidencia la voluntad de limpiar la casa desde los cimientos .
Un nuevo paradigma con sanciones ejemplares
Pero la nueva ley no solo inhabilita, también castiga. Quien intente ocultar su participación en empresas proveedoras mediante fraudes o maniobras societarias se enfrentará a penas de prisión de uno a dos años y a inhabilitaciones que pueden alcanzar la década. El director de la DGCP lo dejó claro al señalar que la Ley 47-25 no es una modificación cosmética, sino una reforma estructural que introduce un régimen robusto de sanciones penales, administrativas y pecuniarias, algo de lo que careció el país durante veinte años bajo el anterior esquema de impunidad.
El reto de la transparencia en las compras públicas
El volumen de dinero que ahora queda bajo un microscopio ético es colosal. Solo en 2023, el sistema de contrataciones públicas transó más de RD$210,000 millones en más de 82,000 contratos adjudicados a más de 10,000 proveedores. Con la entrada de este régimen de incompatibilidad absoluta, se busca garantizar que esos recursos no terminen en los bolsillos de quienes tienen la obligación de fiscalizarlos. La medida también impacta de lleno a los gobiernos locales y ayuntamientos, históricamente señalados por compras discrecionales a empresas de parientes o regidores.
En lo adelante, el desafío estará en la vigilancia. La ley es clara, pero la práctica demostrará si la DGCP tiene la capacidad tecnológica y la voluntad política para rastrear el entramado societario de los 48,000 servidores públicos que podrían verse afectados. Lo que es seguro es que el mensaje ya está enviado: en la nueva República Dominicana, el que administra lo público no puede tener negocios con lo público. La ciudadanía, ahora sí, tiene una herramienta para exigir que así sea.
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