La Suprema Corte confirma condena y decomiso en el caso de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López por lavado de activos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El pleno de la Suprema Corte, encabezado por el magistrado Luis Henry Molina, desestimó el recurso de Pilarte y validó la sentencia del 28 de mayo de 2024 dictada por la Segunda Sala Penal. Esta había condenado a la exlegisladora a cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, además del pago de 200 salarios mínimos y las costas del proceso.
El Ministerio Público recordó que con esta decisión la condena adquiere autoridad de “cosa irrevocablemente juzgada”, por lo que no hay más instancias disponibles para revertir el fallo. La Procuraduría General destacó que este cierre judicial constituye un reconocimiento al trabajo de investigación y litigio realizado por sus fiscales especializados en lavado de activos.
Violación de leyes contra el lavado
Durante el proceso, la acusación probó que Pilarte violó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la Ley 72-02, normativa que regía en los primeros años del esquema ilícito. Los fiscales sustentaron que Pilarte no solo conocía el origen ilícito de los fondos, sino que también participó activamente en su colocación y ocultamiento en el sistema financiero.
En un período de casi dos décadas (2003-2021), la exdiputada introdujo más de RD$4,418 millones en operaciones bancarias, a pesar de reportar ingresos legales por apenas RD$16.3 millones ante la Tesorería de la Seguridad Social y la DGII. Esa incongruencia patrimonial fue el eje central del caso.
Red criminal familiar
La sentencia contra Rosa Pilarte no se entiende sin la figura de su esposo, Miguel Arturo “Micky” López Florencio, señalado como cabecilla de la red de lavado vinculada al narcotráfico. Junto a él y Pilarte operaban sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte. También formaban parte de la estructura Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier, ambos declarados prófugos.
El Ministerio Público explicó que esta red utilizaba empresas de fachada, préstamos simulados y operaciones inmobiliarias para legitimar ganancias ilícitas provenientes del tráfico de drogas. Pilarte, en su rol de figura pública y exlegisladora, otorgaba una apariencia de legitimidad a las transacciones.
Decomiso millonario de bienes
El fallo confirmó el decomiso de un extenso portafolio de propiedades ubicadas en La Vega y Jarabacoa, así como locales comerciales y terrenos agrícolas. Entre los bienes destacan:
- Terrenos de gran extensión en Arroyo Hondo, Río Verde Arriba (28,273 m²) y en Jarabacoa (628,863 m²).
- Parcelas urbanas y solares residenciales de entre 700 y 1,700 metros cuadrados.
- Locales comerciales en edificios céntricos de La Vega.
- Propiedades dentro de proyectos de condominio, incluyendo un espacio en el Edificio Jossierie Santos.
- Más de 15,000 m² de terrenos adicionales en La Vega y más de 11,000 m² en otras parcelas catastrales.
El Ministerio Público subrayó que este decomiso no solo busca recuperar los activos ilícitos, sino también desarticular la capacidad económica de las redes criminales.
Un precedente judicial trascendental
La ratificación de la sentencia contra Rosa Pilarte se percibe como un precedente jurídico de gran relevancia, ya que demuestra que la condición de exlegisladora no fue un escudo para evadir responsabilidades. Los jueces aplicaron la ley en toda su extensión, garantizando que el caso no quedara impune.
Expertos señalan que este fallo fortalece la credibilidad del sistema de justicia dominicano frente a la comunidad internacional y lo alinea con compromisos globales en materia de lucha contra el lavado de activos.
Impacto político y social
El caso Pilarte también tiene una lectura política. La exdiputada había alcanzado notoriedad pública en su provincia, La Vega, donde construyó parte de su carrera. La confirmación de la condena envía un mensaje de ruptura entre la política y las estructuras criminales, recordando que los cargos electivos no protegen frente a la ley.
El Ministerio Público resaltó que la decisión refleja una política de “cero tolerancia” contra la criminalidad organizada, reafirmando que los delitos financieros socavan la economía, distorsionan la competencia empresarial y fomentan la corrupción.
Reflexión final
El caso contra Pilarte representa más que una condena individual: simboliza un mensaje contundente de la justicia dominicana frente a la infiltración del narcotráfico en la política y la economía. El decomiso multimillonario y la prisión efectiva constituyen un paso firme hacia la recuperación de la confianza pública en las instituciones.
La sentencia contra Rosa Pilarte queda así inscrita como un hito en la historia judicial dominicana, recordando que la impunidad no es opción y que los bienes ilícitos tarde o temprano regresan al Estado.
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