Colectivo ambiental denuncia fallo del Tribunal Superior Administrativo que ordena actualizar catastro y excluir parcelas en zona de conservación estricta
SANTO DOMINGO, República Dominicana – Una reciente y polémica sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha encendido las alarmas en el sector ambiental dominicano. La decisión, que ordena la actualización del Catastro Nacional y abre la puerta a la exclusión de parcelas dentro del Parque Nacional Jaragua, es considerada por expertos como un precedente peligroso que amenaza la integridad de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El fallo, según denuncia la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, va más allá de un error judicial. Representa la punta de lanza de un entramado histórico que busca la apropiación irregular de terrenos de alto valor ecológico. Durante décadas, presiones de sectores políticos y empresariales han intentado distorsionar los límites documentales de estas reservas naturales.
Un precedente legal peligroso
El núcleo de la preocupación radica en la interpretación judicial. Si omisiones técnicas o cartográficas administrativas pueden anular la protección legal de un área, se debilita todo el marco jurídico ambiental. Se establece así un criterio donde mapas desactualizados prevalecen sobre leyes de la República, contradiciendo el principio constitucional de tutela del patrimonio natural.
La puerta a la judicialización masiva
Esta sentencia podría desatar una ola de litigios similares contra otras áreas protegidas. El Sistema Nacional, que cubre aproximadamente el 25% del territorio terrestre dominicano, quedaría en una frágil incertidumbre jurídica. Cada omisión en registros catastrales, comunes por falta de recursos técnicos, se convertiría en un flanco de ataque para intereses privados.
La defensa se organiza
Frente a esta amenaza, la Coalión, que integra a grupos como el Grupo Jaragua y la Sociedad Ecológica del Cibao, anunció que se constituirá como interviniente voluntaria en los recursos legales. Su objetivo es claro: revertir un fallo que consideran un desatino y una regresión ambiental. Exigen que los tribunales prioricen el derecho colectivo a un medio ambiente sano sobre pretensiones particulares.
El llamado es al cumplimiento de la ley. El desarrollo turístico y económico no puede ir en contra de la sostenibilidad. Cualquier modificación a los límites de las áreas protegidas debe ser un debate legislativo, con base científica y participación pública, no un dictamen judicial que pone en subasta el patrimonio de la nación.
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