El senador Antonio Marte y campesinos de Villa Los Almácigos denuncian que Medio Ambiente ignora la depredación de 200 tareas de pinos en El Dajao
SANTIAGO RODRÍGUEZ, República Dominicana – La tala ilegal en Santiago Rodríguez no cesa. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente promociona desde abril de 2024 su aplicación “Línea Verde” para recibir denuncias con fotos y vídeos, en el paraje El Dajao los pinos siguen cayendo y los ríos siendo desangrados sin que ninguna autoridad pise el terreno. El senador Antonio Marte, harto de clamar en el desierto burocrático, denunció esta semana que más de 200 tareas de bosque comunitario han sido reducidas a escombros. No es una denuncia nueva, admite, pero es quizás la más documentada y la que expone con mayor crudeza el abismo entre el discurso oficial de la transparencia y la realidad de un noroeste al que el Estado le ha dado la espalda.
La burocracia que no frena motosierras
La aplicación “Línea Verde RD” fue presentada en abril como un parteaguas. El ministro de entonces, Miguel Ceara Hatton aseguró que la ciudadanía recibiría respuesta en un plazo máximo de 15 días y que la herramienta fortalecería la participación social. Sin embargo, para los campesinos de Villa Los Almácigos, esa innovación tecnológica es un espejismo. Marte asegura que ha remitido vídeos e informes detallados al ministerio, pero del otro lado solo ha recibido el eco de su propia impotencia.
Las evidencias que maneja el senador muestran que la depredación no es solo forestal. En El Dajao, las motosierras han sido acompañadas por retroexcavadoras que extraen agregados de los cauces. “Lo hacen en las propias narices de las autoridades”, sentenció el legislador. Más de 500 comunitarios marcharon recientemente para exigir presencia estatal, pero hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente no ha emitido una posición oficial. El silencio, en este caso, pesa más que los pinos caídos.
La coartada de los permisos limitados
Uno de los hallazgos más perturbadores de la investigación preliminar del senador es el posible uso de permisos menores como pantalla legal. Según Marte, algunos operadores forestales estarían amparándose en autorizaciones para tala limitada y ejecutando cortes masivos que exceden lo aprobado. Si se confirma, estaríamos ante un fraude de ley con consecuencias ecológicas irreversibles.
La falta de una oficina provincial de Medio Ambiente en Santiago Rodríguez agrava la vulnerabilidad. La institución prometió fortalecer la presencia territorial, pero en esta zona la vigilancia brilla por su ausencia. Mientras en Santo Domingo se inauguran aplicaciones, en El Dajao los árboles centenarios se convierten en tablones. La denuncia ambiental en RD choca una y otra vez con el muro de la impunidad.
Un patrón de impunidad sistémica
Este no es un caso aislado. La tala ilegal en Santiago Rodríguez se inserta en una matriz de debilidad institucional que afecta a varias provincias. Los campesinos denuncian que los mismos depredadores regresan una y otra vez porque saben que el costo de delinquir es nulo. La Línea Verde, que promete seguimiento y trazabilidad, parece no haber llegado todavía a la frontera noroeste.
La batalla por la memoria del bosque
Marte ha sido claro: no se bajará de esta lucha. Respaldará las acciones comunitarias y seguirá denunciando hasta que el Ministerio se pronuncie. Pero la pregunta incómoda persiste: ¿cuántas denuncias más deben acumularse? ¿Cuántas tareas deben ser arrasadas antes de que el discurso de la participación ciudadana se convierta en hechos?
El gobierno ha hecho esfuerzos comunicacionales importantes, pero la tecnología sin presencia territorial es letra muerta. Mientras la depredación forestal continúe sin consecuencias penales, cada pino talado será un certificado de defunción de la credibilidad institucional.
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