Sindicatos de San Francisco de Macorís advierten que tocar la cesantía y el artículo 86 abriría un retroceso grave para la clase trabajadora
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana, – Trabajadores y organizaciones populares se concentraron en defensa de la cesantía para rechazar los puntos de la reforma laboral que, a su juicio, amenazan derechos históricos, debilitan garantías de cobro y empujan una precarización más agresiva desde el Congreso. La protesta se apoyó en la “Declaración de San Francisco de Macorís”, divulgada por Rel UITA y firmada por dirigentes del SITRANESTLESF.
La línea roja
La concentración en el parque Los Mártires no se presentó como un gesto simbólico. Se planteó como una advertencia política. El movimiento sindical de San Francisco de Macorís sostuvo que reducir la cesantía a un máximo de seis años y a un tope de diez salarios mínimos equivaldría a desmontar una conquista histórica. En la declaración citada por Rel UITA, los firmantes advirtieron que esa fórmula alteraría el equilibrio entre el trabajador y el empleador, sobre todo cuando este último puede poner fin al contrato sin alegar causa. Esa es la base del conflicto y el motivo central de la protesta.
El contexto refuerza la alarma. En julio de 2025, el Senado informó que aprobó en segunda lectura el proyecto de reforma del Código de Trabajo, dentro de una discusión nacional presentada como modernización del sistema laboral. Sin embargo, el debate sobre los alcances reales de esa reforma no desapareció. Para el sindicalismo, la presión congresual sigue abierta porque varias piezas del proyecto continúan vistas como regresivas. Por eso, la defensa de la cesantía dejó de ser solo una consigna y pasó a ser una línea roja frente a cualquier negociación política que recorte protección al empleo.
Además, el reclamo no luce aislado del mercado real. El Banco Central reportó que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.0 % en abril-junio de 2025. Ese dato importa porque revela un terreno frágil. En una economía donde más de la mitad de los ocupados se mueve en la informalidad, debilitar la protección del empleo formal puede ampliar la sensación de desamparo, no reducirla. Ahí radica la fuerza del mensaje emitido desde San Francisco de Macorís.
El punto crítico
La declaración sindical no se limitó a la cesantía. También rechazó cualquier alteración de la figura del astreinte prevista en el artículo 86 del Código de Trabajo. La norma vigente establece que el empleador debe pagar las indemnizaciones dentro de diez días y fija una penalidad por cada día de retraso. Para los sindicatos, eliminar o vaciar esa herramienta favorecería demoras intencionales y presiones para cerrar acuerdos desventajosos. En otras palabras, no se trataría de una corrección técnica, sino de una ventaja añadida para quien ya tiene más poder en la relación laboral.
Otra objeción golpea el corazón del empleo joven. La propuesta de ampliar el contrato de prueba hasta seis meses fue descrita por el movimiento sindical como una puerta para la rotación constante, la pérdida de estabilidad y la reducción de derechos laborales y de seguridad social. El razonamiento es consistente. Si el período de prueba se extiende, el empleador gana más margen para usar mano de obra temporal sin asumir compromisos plenos. En un país con alta informalidad, esa fórmula puede empujar más precarización, no más competitividad.
Por eso, la protesta en San Francisco de Macorís adquiere un valor mayor. No solo cuestiona artículos o plazos. Cuestiona la idea de que modernizar el trabajo deba implicar abaratar despidos, debilitar sanciones o flexibilizar la estabilidad. El llamado final a Senado y Cámara de Diputados fue directo: respetar la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo en octubre de 2024 y no tocar la cesantía. Si el Congreso insiste en avanzar sobre ese terreno, la confrontación social seguirá creciendo.
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