SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Este jueves 8 de mayo, se cumplió un mes del colapso del techo de la discoteca Jet Set, un lugar que durante medio siglo fue sinónimo de fiesta y que en una fatídica madrugada se convirtió en un cementerio de sueños. Más de 230 personas perdieron la vida y cerca de 200 resultaron heridas en una tragedia que aún sacude a República Dominicana.

Ayer, frente a los escombros de la Avenida Independencia, familiares de las víctimas y sobrevivientes se reunieron, no solo para recordar, sino para gritar una exigencia que el tiempo no ha apagado: justicia. Pero las respuestas no llegan, la investigación se arrastra en un pantano de burocracia, y las autoridades parecen cómodas en una pasividad que indigna.

El desplome del techo de la discoteca Jet Set no fue un simple accidente; fue una puñalada al alma de un país que aún se pregunta cómo un ícono cultural, frecuentado por figuras como el merenguero Rubby Pérez, la gobernadora Nelsy Cruz o los exbeisbolistas Octavio Dotel y Tony Blanco, pudo convertirse en una trampa mortal.

Lo que debería ser una carrera contra el tiempo para esclarecer causas y señalar culpables se ha transformado en un insulto: un proceso lento, opaco y plagado de fallas que hieren aún más a quienes ya lo han perdido todo.

Una investigación que se burla del dolor

La Procuraduría General de la República prometió una investigación penal para determinar si hubo negligencia, fallas estructurales o violaciones legales. Pero, un mes después, el silencio es ensordecedor. No hay informes oficiales, no hay responsables identificados, y las hipótesis –un diseño estructural deficiente, el impacto de un incendio en 2023 que pudo debilitar el edificio– siguen siendo ecos sin respuesta.

“Nos piden paciencia, pero ¿paciencia para qué? ¿Para que olviden a nuestros muertos?”, reclama Shailyn Peña, hija de Máximo Peña, una de las víctimas, mientras sostiene una pancarta con su rostro en la protesta de ayer.

Sobrevivientes y exempleados han denunciado que la administración de Jet Set, liderada por Antonio Espaillat, ignoró señales de peligro. Arena y escombros cayendo del techo semanas antes del colapso eran gritos de alerta que los responsables nunca escucharon.

Espaillat, en un comunicado que suena a excusa, prometió “colaborar” con las autoridades, pero su palabra no calma a quienes ven el local reducido a polvo y sus vidas destrozadas. ¿Cómo un lugar renovado en 2010 y 2015, con capacidad para 2,000 personas, escapó al escrutinio necesario? La pregunta flota, pero las respuestas no llegan.

Actas de defunción incompletas: una bofetada burocrática

El dolor de los familiares se agrava con una afrenta administrativa: muchas actas de defunción no registran el lugar del fallecimiento. Este “detalle” no es menor; sin él, los procesos legales para reclamar seguros o presentar demandas se enredan en un laberinto burocrático. “Mi hermano está muerto, y el acta dice ‘lugar desconocido’. ¿Cómo es posible tanta indiferencia?”, cuestiona María Luisa Taveras, cuya hermana Luisa María, madre de tres hijos, sigue atrapada en un limbo documental. Organizaciones como RDSomosPueblo han denunciado esta negligencia, que no solo complica los reclamos, sino que profundiza el sentimiento de abandono.

La Defensoría del Pueblo ha instado a las familias a buscar compensaciones a través del seguro de la discoteca, pero sin datos claros en los documentos, el proceso es una pesadilla. Este manejo descuidado refleja una verdad incómoda: las autoridades, que deberían ser un pilar de apoyo, parecen más interesadas en controlar el escándalo que en resolverlo.