Tribunal dicta condenas de hasta diez años en el Distrito Nacional contra trece procesados de la Operación Gavilán, responsables de borrar antecedentes penales a cambio de sobornos
DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, acogió la acusación del Ministerio Público y dictó condenas de hasta diez años de prisión. Los procesados borraban y alteraban registros penales a cambio de pagos ilegales, afectando la seguridad jurídica.
Condenas más severas
Entre los principales sentenciados figuran Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño, este último también inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años. Recibieron diez años de prisión y fuertes multas.
Acuerdos homologados
El tribunal homologó varios acuerdos. Mártires Rosario Reyes fue condenado a siete años, combinando prisión domiciliaria y pena suspendida. Alfredo Mirambeaux recibió ocho años, también en modalidad mixta. Rubén Darío Morbán y Luis Alfredo Astacio Polanco enfrentan seis años, mientras que Domingo Julio Santana fue sentenciado a cinco.
Absoluciones y criterios
Otros procesados, como Dilcia Argentina Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel Medina y Yokaira Quezada Carmona, resultaron absueltos. En paralelo, se aplicaron criterios de oportunidad para Jancely Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva. Asimismo, el tribunal ordenó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Technology bajo la Ley 155-17.
Ministerio Público resalta decisión
Los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey celebraron que el tribunal acogiera en su totalidad las pruebas presentadas, las cuales destruyeron la presunción de inocencia de los acusados. “Es una condena ejemplar que manda un mensaje contra la corrupción”, aseguró Mena al concluir la audiencia.
Impacto en la justicia dominicana
De acuerdo con el Ministerio Público, esta estructura criminal manipulaba fichas para borrar antecedentes y facilitar que procesados evadieran procesos judiciales y controles migratorios. Las condenas deberán cumplirse en Najayo, provincia San Cristóbal, reforzando el mensaje de que la corrupción no quedará impune.
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