El voto dominicano en la CIDH desata controversia por posible apoyo a jurista señalada por su postura en temas sensibles. / Imagen: Fuente externa

Voto dominicano en la CIDH enfrenta críticas por posible respaldo a María Clara Galvis

¿Está el gobierno dominicano cediendo ante ideologías ajenas a sus principios?

José Ml. Taveras

Escritor, corrector y editor de textos

Voto dominicano en la CIDH genera controversia: ¿traición a los valores nacionales o alarma infundada sin pruebas claras?

Se enciende la polémica

Voto dominicano en la CIDH ha despertado una intensa polémica tras las denuncias del politólogo argentino Agustín Laje, quien advirtió que el gobierno de Luis Abinader podría apoyar a María Clara Galvis, jurista propuesta por Gustavo Petro. Laje la tacha de «abortista radical» y símbolo del feminismo extremo, lo que, según él, constituiría una traición a los valores dominicanos. Sin embargo, el análisis serio exige separar ideología de hechos.

¿Quién es María Clara Galvis?

María Clara Galvis Patiño es una jurista colombiana con una trayectoria destacada en el ámbito de los derechos humanos. Egresada de la Universidad Externado de Colombia, ha sido magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), vicepresidenta del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, y consultora de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Internacional de Juristas.

Galvis, como abogada y defensora de derechos humanos, ha apoyado la despenalización del aborto en Colombia, especialmente en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o malformaciones fetales graves.

Fue una de las voceras en el movimiento que llevó a la Corte Constitucional de Colombia a despenalizar el aborto hasta la semana 24 en 2022.

Voto dominicano en la CIDH podría recaer en una figura de trayectoria técnica. María Clara Galvis Patiño. Aunque ha defendido la despenalización del aborto en Colombia en ciertos contextos, su trabajo se ha enfocado principalmente en desapariciones forzadas y derechos de víctimas en conflictos armados. El retrato que le pinta Laje distorsiona un poco su perfil.

Agustín Laje / Imagen: Fuente externa

¿Quién acusa y por qué?

Agustín Laje (1989) es un escritor y politólogo argentino de tendencia conservadora-liberal, conocido en círculos conservadores de América Latina por su crítica acérrima al progresismo, el feminismo y la ideología de género.

Laje, autor de bestsellers como «El Libro Negro de la Nueva Izquierda» y «La Batalla Cultural», promueve un discurso anti-marxista, provida y pro libre mercado. Polémico y polarizante, es acusado de transfóbico y misógino por sus críticos, mientras sus seguidores lo ven como un referente intelectual contra la «corrección política».

Su postulación a la CIDH, fue anunciada por Petro en diciembre de 2024, refleja el interés de Colombia por posicionar perfiles de alto nivel en organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos en la región.

Voto dominicano en la CIDH ha sido interpretado por Laje como una rendición a la agenda progresista. Este autor, conocido por libros como La batalla cultural, representa una corriente que ve en el feminismo una amenaza civilizatoria.

Su activismo antiaborto y antigénero lo ha llevado a etiquetar con dureza a toda voz que no se alinee con su cruzada ideológica. Pero en su denuncia contra Galvis no presenta pruebas de que ella busque imponer su visión en República Dominicana.

Análisis de los argumentos

Laje sostiene que el apoyo a Galvis sería una «traición» al pueblo dominicano, al que describe como uno de los más pro-vida y pro-familia de la región.

Esta afirmación parte de una premisa válida: la sociedad dominicana ha mostrado históricamente una fuerte inclinación hacia valores tradicionales, reflejada en su rechazo a despenalizar el aborto en las tres causales (riesgo para la vida de la madre, malformaciones incompatibles con la vida y violación o incesto).

Sin embargo, la acusación de Laje carece de evidencia concreta que demuestre que Galvis es una «abortista radical» o promotora de una agenda socialista. Sus señalamientos parecen basarse más en la percepción de la orientación política de Petro, quien la postuló, que en un análisis objetivo de la trayectoria de Galvis.

Implicaciones para la República Dominicana

El señalamiento de Laje pone al gobierno dominicano en una posición delicada. Por un lado, la decisión de apoyar o no a Galvis podría interpretarse como una declaración de principios en un país donde los valores pro-vida tienen un peso significativo.

Por otro, la diplomacia internacional exige pragmatismo, y el voto en la OEA podría estar influenciado por consideraciones estratégicas, como alianzas regionales o compromisos previos.

Acusar al gobierno de Abinader de traicionar al pueblo dominicano sin pruebas sólidas de que Galvis representa una amenaza directa a esos valores parece una maniobra más emocional que racional, destinada a movilizar a sectores conservadores.

Además, la retórica de Laje, que asocia a Galvis con el socialismo y el feminismo radical, simplifica un debate complejo y lo polariza innecesariamente.

La CIDH no impone políticas nacionales, sino que emite recomendaciones que los Estados pueden acatar o no. Tildar a Galvis de «abortista radical» sin evidencia de que haya abogado explícitamente por la despenalización del aborto en contextos como el dominicano, es una generalización que desinforma más que esclarece.

Mi punto de vista

La denuncia de Agustín Laje refleja una preocupación legítima de ciertos sectores sobre la preservación de valores culturales y religiosos en la República Dominicana.

Sin embargo, su enfoque sensacionalista y la falta de pruebas específicas sobre las posturas de María Clara Galvis debilitan su argumento. La trayectoria de Galvis sugiere que es una profesional calificada para un puesto en la CIDH, y su postulación no implica automáticamente una amenaza a los principios pro-vida dominicanos.

El gobierno de Abinader debería basar su decisión en un análisis objetivo de las credenciales de los candidatos y los intereses del país, evitando caer en polarizaciones que desvían la atención de los verdaderos desafíos en materia de derechos humanos.

En un mundo cada vez más dividido, es crucial fomentar un debate informado y respetuoso, donde las acusaciones no sustituyan a los hechos y donde los valores de un pueblo se defiendan con argumentos sólidos, no con estigmas.

La República Dominicana, como cualquier nación, merece una discusión que honre su identidad sin renunciar a su lugar en la comunidad internacional.

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