Jefte Ventura documentó denuncias en estaciones y una sentencia obligó al MICM a entregar informes reservados sobre octanaje
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – La gasolina premium quedó bajo sospecha después de que el comunicador Jefte Ventura, tras documentar denuncias y pruebas de campo en estaciones de servicio, lograra una sentencia que obligó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a entregar informes oficiales que el Estado intentó mantener bajo reserva y que reportan fallas en 101 estaciones del país. Ese es el retrato incómodo del caso: la verdad tuvo que salir por sentencia, y el consumidor volvió a quedarse sin una defensa institucional clara.
El origen real del problema
La historia no comenzó en un despacho. Comenzó en la calle, entre quejas de conductores y pruebas hechas en estaciones. Ese punto hay que dejarlo claro. Jefte Ventura no apareció al final del caso. Según investigaciones realizadas por nuestro medio y el rastro público disponible, venía denunciando la calidad del combustible, realizando mediciones y dejando registro audiovisual de esas verificaciones en estaciones del país.
Luego vino el choque institucional. De acuerdo a las infoirmaciones, Yan Carlos Martínez Segura, como abogado en representación de Jefte Ventura y Rescate Democrático, lograron la obtención de la sentencia 0030-1642-2024-SSEN-00277, dictada el 8 de mayo de 2024 por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo. Ese fallo acogió una acción de amparo y ordenó al MICM entregar y hacer públicos los informes de inspección de calidad de combustibles, al considerar que esa información no podía ser secreta ni reservada por su alto interés público.
Lo que reveló el informe
El expediente oficial no deja el caso en el terreno de la sospecha. El PDF de la última inspección de gasolina premium reporta 1,033 estaciones evaluadas. De ese total, 893 cumplieron, 101 no cumplieron y 39 estaban sin producto. En términos porcentuales, el incumplimiento alcanzó 9.78%.
El material base agrega que el criterio de incumplimiento se concentró en estaciones con resultados iguales o inferiores a 94.4 octanos, cuando la referencia citada para gasolina premium es de 95 octanos. A partir de ese consolidado, Yan Carlos Martínez Segura difundió en su cuenta de X un ranking de marcas con más estaciones observadas: Total Energies con 29, Texaco con 16, Petronan con 16, Next con 16, Shell con 7, Ecopetróleo con 6, Rilix con 5, Sol Petróleo con 3, Sigma con 2 y Grupo Arcenio con 1. Ese ranking debe atribuirse a su consolidado, no a un conteo independiente hecho aquí sobre las 1,033 filas del archivo.
El dato incómodo
Aquí está el punto más delicado. El Ministerio no presentó estos informes como una política ejemplar de transparencia de la que tanto se habla. Según nuestra fuente, el Estado intentó mantener los documentos en reserva y que solo una sentencia firme forzó su entrega. Esa diferencia importa. No fue apertura voluntaria. Fue transparencia impuesta por la justicia.
Por eso la gasolina premium RD no es solo una historia de octanaje. También es una historia de acceso a información pública. Si Jefte Ventura no presiona, documenta y litiga, el consumidor dominicano probablemente no conoce el contenido de esos informes oficiales. Esa es la dimensión que debe reivindicarse en la redacción. Lo defendible es decir que Ventura documentó, denunció y empujó el caso hasta abrir los expedientes oficiales; no que él sustituyó la prueba técnica del MICM.
El marco legal
También conviene limpiar un detalle del texto original. La referencia a “Ley 117-19” luce errada. En el marco regulatorio de combustibles en República Dominicana aparecen de forma recurrente la Ley 37-17, modificada por la Ley 10-21, en resoluciones del MICM vinculadas al sector, además de otras normas del mercado y tributación de combustibles. Si en publicación final se va a citar una ley sancionadora específica, conviene verificar ese número antes de cerrarla.
Aquí no solo queda en entredicho la calidad del combustible. También queda expuesta la fragilidad institucional. Los informes no fueron abiertos por voluntad del Estado, sino por imposición de un tribunal. Y mientras eso ocurría, ProConsumidor, llamado a defender al usuario, no tuvo una presencia pública visible en una controversia que toca de frente a miles de consumidores dominicanos.
Cuando un tribunal tiene que forzar la transparencia y el órgano de defensa del consumidor no se siente en la crisis, el mensaje para el ciudadano es brutal: está pagando, pero no está protegido.
El papel de Proconsumidor
Pero aquí también hay un vacío que retrata al Estado: la escasa o nula presencia pública de ProConsumidor en un caso que golpea directamente a miles de ciudadanos. Si una institución financiada con dinero de los contribuyentes no se planta con fuerza cuando se cuestiona la calidad de un combustible vendido como premium, entonces surge una pregunta incómoda, pero legítima: ¿para qué está? Porque defender al consumidor no puede ser un eslogan decorativo ni una función de escaparate. Tiene que notarse, sobre todo cuando el abuso o la irregularidad tocan el bolsillo de la gente.
El costo de denunciar
El caso dejó de ser solo una historia sobre octanaje. También empezó a parecer una historia sobre el precio de denunciar. Después de documentar pruebas en estaciones, sostener públicamente sus denuncias y lograr que un tribunal obligara al Estado a entregar informes que había intentado mantener bajo reserva, Jefte Ventura terminó enfrentando una solicitud de prisión preventiva por una querella de difamación e injuria promovida por Petromóvil S.A., según una publicación de febrero de 2026.
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