La defensa del comunicador denuncia una persecución judicial para silenciar sus revelaciones sobre la calidad de los combustibles en el país
HIGÜEY, La Altagracia – La solicitud de prisión preventiva ilegal contra el comunicador Jefte Rafael Ventura Jiménez ha encendido las alarmas. Su equipo legal denunció este viernes que el fiscal Víctor Román Camacho Padua busca encarcelarlo por difamación. Consideran que es un intento desesperado de acallar sus críticas contra el poderoso sector de los combustibles en República Dominicana.
La Oficina Judicial de Atención Permanente de La Altagracia recibió hoy la petición formal de prisión preventiva contra Ventura. La acción judicial responde a una querella por difamación e injuria interpuesta por la empresa Petromóvil S.A. La compañía reacciona así a las denuncias públicas del comunicador sobre presuntas adulteraciones en la gasolina que se vende en el país.
El respaldo documental
Lejos de ser comentarios improvisados, las revelaciones de Ventura tienen respaldo documentado. Según informaron sus abogados a Alcarrizos News, el comunicador obtuvo una sentencia firme del Tribunal Superior Administrativo. Ese fallo obligó al Ministerio de Industria y Comercio a entregar informes oficiales sobre irregularidades en el octanaje del combustible. El Estado intentó mantener esos documentos en reserva.
Ventura construyó sus denuncias sobre esos informes. Ha advertido a los consumidores sobre posibles daños a sus motores y riesgos para la salud pública. Sus publicaciones han generado un intenso debate nacional sobre la calidad de los combustibles que consumen los dominicanos.
Un historial de hostigamiento
La defensa narró un preocupante historial de hostigamiento contra su cliente. El equipo legal recordó que Ventura denunció un rapto en junio de 2024. También reportó la quema intencional de su vehículo en noviembre de ese mismo año. Esos hechos adquieren ahora una nueva dimensión ante este embate judicial.
«Esto no es justicia», sostienen los abogados en su escrito de denuncia pública presentado hoy. «Es represión para proteger intereses privados poderosos en lo que parece ser la mafia de los combustibles». La afirmación resuena en los círculos de defensa de derechos humanos.
Los argumentos jurídicos
El licenciado Martínez Segura calificó la solicitud fiscal como una violación al debido proceso. La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología sanciona la difamación e injuria en medios digitales. Pero la defensa argumenta que eso no autoriza una medida tan gravosa como la prisión preventiva.
El artículo 226 del Código Procesal Penal establece el carácter excepcional de esta medida. Está reservada para delitos graves con riesgo de fuga o peligro para la sociedad. En el caso de Ventura, la defensa subraya que el imputado no tiene antecedentes penales. Ha colaborado con las autoridades en todo momento.
Sus publicaciones están amparadas en el derecho constitucional a la libertad de expresión. El Artículo 49 de la Constitución lo protege. La solicitud de prisión preventiva ilegal choca con los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia establecidos en la carta magna.
Aplicación selectiva de la ley
Uno de los puntos más provocadores de la denuncia es la comparación con otros casos recientes. El equipo legal de Ventura señaló que en querellas por difamación contra altos funcionarios del gobierno durante 2025, el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva. La ministra de Interior y Policía y otros altos cargos han sido actores en esos procesos.
En aquellos casos, los tribunales dictaron medidas coercitivas menores. Han impuesto presentación periódica o garantía económica. Para la defensa, esto evidencia una aplicación selectiva y desigual de la ley. Violaría el artículo 39 de la Constitución.
El aparato judicial solo cae con furia sobre ciudadanos comunes que denuncian corrupción sin padrinos políticos. Ante este escenario, la defensa de Ventura hizo un llamado público y urgente a la Procuraduría General de la República. Piden investigar de oficio la conducta del fiscal Víctor Román Camacho Padua.
El negocio de los combustibles en cifras
La Asociación de Importadores de Combustibles maneja cifras reveladoras. El mercado dominicano mueve aproximadamente 68 millones de galones mensuales de gasolina regular y premium. Eso genera ingresos superiores a los 7 mil millones de pesos al mes.
Las denuncias sobre adulteración de combustibles han aumentado un 45% en los últimos dos años. Los reportes del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor lo confirman. Solo el 12% de estas han llegado a instancias judiciales.
Ningún empresario o ejecutivo del sector ha enfrentado prisión preventiva. Los registros del Poder Judicial consultados por Alcarrizos News no reportan casos similares. La disparidad es evidente.
Reacciones y próximos pasos
Organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos han reaccionado. La Asociación de Periodistas con Conciencia Nacional emitió un comunicado esta tarde. Expresaron su «profunda preocupación por el uso del aparato judicial para acallar voces críticas». Exigen al juez rechazar la solicitud del Ministerio Público.
Mientras el país espera la decisión judicial, una pregunta flota en el ambiente. ¿Actuará el sistema judicial dominicano como garante de los derechos fundamentales? ¿O se convertirá en un brazo represor al servicio de intereses particulares?
La audiencia de medida de coerción está programada para el próximo lunes 2 de marzo. El tribunal de Higüey definirá la suerte del comunicador. Jefte Ventura se ha atrevido a destapar lo que muchos callan por miedo o conveniencia.
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