A 61 años de la gesta constitucionalista, República Dominicana aún carga una pregunta incómoda: ¿Quién defiende hoy su democracia?
La Revolución de Abril vuelve como campana en medio del ruido nacional. No viene como postal vieja. Viene como reclamo vivo. El 24 de abril de 1965 estalló una insurrección cívico-militar contra el gobierno de Donald Reid Cabral, con el propósito de restaurar el orden constitucional roto tras el golpe contra Juan Bosch. Esa herida todavía late en la memoria dominicana.
Abril no murió
El mundo anda otra vez con los nervios de punta por la crisis geopolítica, con guerras abiertas y democracias tambaleando. Mientras tanto, aquí, en República Dominicana, seguimos atrapados en lo cotidiano, entre apagones, los precios por las nubes y una política desconectada de la realidad que vivimos. Sin embargo, no podemos permitirnos esta desconexión con nuestra historia. Las élites, muchos empresarios, políticos y militares se esconden tras la cortina del olvido, pero el pueblo no puede seguir ignorando lo que ocurrió en Abril.
Porque Abril no fue un relajo de muchachos armados. Tampoco fue una rabieta de barrio. Fue una respuesta histórica a una traición política. Juan Bosch había ganado las elecciones del 20 de diciembre de 1962 y fue derrocado el 25 de septiembre de 1963. Su gobierno fue el primero elegido democráticamente después de la dictadura de Trujillo, según documenta la revista ECOS de la UASD.
No entendí, y todavía no entiendo, cómo este país puede celebrar discursos sobre institucionalidad mientras se le pasa paño tibio a todo lo que huele a abuso. Vamos a demostrarlo sin mucha vuelta. Si Abril enseñó algo, fue que una Constitución no es papel para poner en un marco. Es un pacto de vida. Cuando se rompe, el pueblo paga. Y lo paga con muertos, exilio, miedo, hambre y generaciones educadas bajo la sospecha.
La patria intervenida
Solo para hacerle un resumen al que llegó tarde: el 24 de abril de 1965 comenzó el levantamiento constitucionalista. En aquellos días, sectores militares y civiles reclamaban el retorno de Bosch y de la Constitución de 1963. La respuesta no tardó en internacionalizarse. El 28 de abril desembarcaron marines estadounidenses. Documentos oficiales de Estados Unidos reconocen que el despliegue aumentó hasta unos 21,000 efectivos para mediados de mayo.
El argumento de Washington fue el miedo a “otra Cuba”. Esa frase sirvió como machete diplomático durante la Guerra Fría. Con ella se cortaron procesos populares en América Latina. Con ella se justificaron golpes, intervenciones y gobiernos dóciles. El Centro de Historia Militar del Ejército de Estados Unidos admite que la decisión del presidente Lyndon Johnson estuvo marcada por el temor a una toma comunista, en pleno crecimiento de la intervención estadounidense en Vietnam.
Entonces, no vengan ahora con cuentos suaves. Aquí hubo una lucha dominicana por restaurar la constitucionalidad. Luego hubo una intervención extranjera que alteró el curso político. Y después vino una salida tutelada, con elecciones en 1966, donde Joaquín Balaguer ganó con 57 % de los votos, según el mismo registro militar estadounidense.
Por eso la Revolución de Abril no puede narrarse como una simple guerra civil. Esa etiqueta queda chiquita. Abril fue una disputa por la soberanía. Fue el choque entre una ciudadanía que pedía respeto al voto y poderes internos y externos que preferían orden sin democracia. Y cuando digo poderes internos, no hablo de fantasmas. Hablo de élites económicas, mandos militares, sectores conservadores y actores diplomáticos que veían la voluntad popular como amenaza.
Además, la propia OEA terminó admitiendo en 2016 un desagravio al pueblo dominicano por acciones de abril de 1965 que interrumpieron el restablecimiento del orden constitucional. El texto aprobado evitó palabras duras como “invasión”, pero reconoció perturbación, luto e indignación todavía presentes.
El peligro de la ley mordaza
Hoy, en pleno siglo XXI, el gobierno de Luis Abinader intenta silenciar cualquier forma de oposición mediante leyes que vulneran la libertad de expresión. La propuesta de ley “mordaza” es un claro intento de acallar a la prensa y a la sociedad civil, tal como lo hicieran otros gobiernos autoritarios en el pasado.
La ley en cuestión busca instaurar un control sobre los medios y castigar la disidencia, de una forma tan descarada que ni los más optimistas en materia de derechos humanos podrían argumentar su constitucionalidad. Con ello, se busca, no solo silenciar a los periodistas, sino también debilitar la democracia que, con tanto esfuerzo, se restauró en 1965. Se nos quiere convencer de que «todo está bien», cuando la realidad es que el aparato estatal está construyendo un mecanismo para acallar las voces que podrían interpelar los abusos de poder. Y esto, para nada, es una manifestación de una democracia sólida. Al contrario, es el tipo de práctica que la Revolución de Abril condenó con sangre: la tentativa de callar al pueblo.
Peligro de perder la memoria histórica
A 61 años de la Revolución de Abril, debemos recordar que la democracia no es un regalo, sino una lucha constante. No se trata de celebrar discursos vacíos, sino de enfrentarnos a la realidad de un país que sigue cargando las huellas de su historia, pero que parece olvidar las lecciones de esas huellas. Hoy, más que nunca, la memoria histórica debe ser un freno contra el abuso.
La Revolución de Abril nos recuerda que, cuando la Constitución se pisotea, el pueblo paga las consecuencias. En un país donde el poder no es controlado, donde los derechos se negocian y donde la ley se adapta a los intereses de quienes mandan, la democracia está en peligro. Es hora de recordar que la libertad y la soberanía no son concesiones de los poderosos, sino conquistas del pueblo.
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