El bloqueo en un elevado de Santo Domingo y el ataque mortal en Santiago revelan un patrón de impunidad, violencia vial y fiscalización débil
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – El video de una turba de motoristas bloqueando el paso en un elevado de Santo Domingo reabrió una discusión que ya no cabe en una escena viral. Lo que se ve en esas imágenes forma parte de una crisis vial dominicana más profunda, marcada por imprudencia, débil fiscalización, violencia creciente y un Estado que no logra imponer orden sostenido en las calles. Días antes, en Santiago, un chofer de camión recolector murió tras ser perseguido y atacado por motoristas luego de un presunto accidente, un hecho que elevó la alarma pública sobre el deterioro de la convivencia en el tránsito.
Del video al síntoma
La escena del elevado impacta porque resume un problema nacional. No se trata solo de motoristas circulando en grupo. Se trata de una demostración pública de desobediencia, ocupación del espacio vial y ausencia visible de control. El video funciona como detonante, pero el problema es más ancho que ese tramo de ciudad. El propio texto base entregado para esta nota apuntaba en esa dirección: impunidad, falta de autoridad y normalización del desorden en las calles.
La Ley 63-17 no deja espacio a dudas. Prohíbe a motocicletas y bicicletas transitar en grupos de más de dos en paralelo. También les prohíbe circular por túneles y pasos a desnivel. La infracción conlleva multa y reducción de puntos en la licencia. En otras palabras, el vacío no está en la ley. El vacío aparece cuando la norma deja de sentirse en la vía pública.
Santiago rompió el límite
El caso de Santiago empujó la discusión a un nivel más grave. Ya no se habló solo de conducción temeraria. Se habló de persecución, agresión colectiva y muerte. Medios nacionales reportaron que el chofer de un camión recolector, Deivy Carlos Abreu Quezada, murió después de ser perseguido y herido por motoristas tras un presunto accidente. Luego se reportaron arrestos vinculados al caso.
Ese episodio obliga a mirar el tránsito como un espacio donde también se expresa el deterioro del orden público. Cuando una infracción deja de generar corrección y empieza a derivar en represalia callejera, el problema deja de ser solo vial. Pasa a ser institucional, cultural y penal. La crisis vial dominicana, entonces, no consiste únicamente en más accidentes. Consiste en la pérdida progresiva de límites.
Las cifras del colapso
Las estadísticas oficiales sostienen ese enfoque. La Oficina Nacional de Estadística informó que la tasa nacional de muertes por tránsito fue de 20.02 por cada 100 mil habitantes en 2024. Además, 70.48% de las muertes por accidentes de tránsito correspondió a motociclistas. La misma infografía oficial añade que, entre 2020 y 2024, el país registró un promedio anual de 1,728 accidentes con fallecidos en el lugar del hecho.
INTRANT ha sostenido, además, que los siniestros viales cobran alrededor de 3,000 vidas por año y que las motocicletas concentran 68% de estas colisiones. También estima que esa carga le cuesta al país cerca de 2% del PIB. Ese dato es clave porque revela que la crisis vial dominicana no solo deja muertos y heridos. También drena productividad, gasto público y estabilidad social.
Autoridad sin eficacia
La discusión de fondo no debe reducirse a culpar a un grupo social completo. Sería un error analítico y editorial. El problema real es un ecosistema donde fiscalización, formación y sanción fallan al mismo tiempo. La ley existe. Las instituciones existen. DIGESETT e INTRANT tienen funciones definidas por la Ley 63-17. Sin embargo, el desorden persiste en elevados, avenidas, calles y carreteras.
La infografía de la ONE también muestra otro dato revelador. En 2024, 58.81% de las infracciones registradas estuvo ligado a factores que afectan directamente la seguridad del conductor, pasajeros y terceros. Entre ellas aparecen circular en vías no autorizadas, transitar en sentido contrario, no usar casco y violar la luz roja. Eso describe un patrón de conducta, no un accidente de un día.
Lo que no se está haciendo
República Dominicana sigue reaccionando más de lo que previene. La formación vial continúa siendo débil. La educación ciudadana llega tarde. La corrección institucional suele ser episódica. Y la cultura social frente al accidente muchas veces privilegia el video antes que la asistencia. Esa parte del diagnóstico estaba planteada en el material original que sirvió de base a esta pieza y encaja con el deterioro que reflejan las cifras oficiales.
El país necesita una respuesta más seria que el operativo ocasional. Hace falta fiscalización sostenida, sanciones previsibles, capacitación real para conductores, intervención específica sobre motocicletas y educación vial desde la escuela. Sin eso, la crisis vial dominicana seguirá mutando. Hoy bloquea elevados. Mañana vuelve a desbordarse en otra avenida, en otra provincia o en otro episodio fatal.
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