Justicia electoral capacita a líderes en Los Alcarrizos

El Tribunal Superior Electoral y el ayuntamiento local unieron fuerzas institucionales por la Ley 39-25

LOS ALCARRIZOS, República Dominicana – Con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre el nuevo marco jurídico, fue impartido este jueves un taller clave. La iniciativa sobre justicia electoral provino directamente del Tribunal Superior Electoral y convocó a dirigentes políticos, servidores públicos y ciudadanos interesados. El evento marca un precedente en la formación técnica del municipio.

Capacitación sobre justicia electoral

La capacitación estuvo a cargo de la licenciada Heidi Céspedes Mejía. Ella abordó los principales aspectos de la nueva legislación nacional. También detalló los procedimientos que regirán la justicia electoral en la República Dominicana. Su intervención destacó de forma clara las competencias y atribuciones institucionales establecidas en la Ley 39-25 Orgánica del Tribunal Superior Electoral. Los asistentes recibieron orientación precisa sobre los nuevos plazos legales.

Participantes y autoridades presentes

La jornada contó con la participación de la licenciada Wanda Herrera. Asimismo, expuso la licenciada Sheil Mieses, abogada ayudante del Departamento de Juntas Electorales y Partidos Políticos del TSE. Ambas expertas ofrecieron orientaciones sobre la aplicación práctica de la normativa. Además, respondieron todas las inquietudes de los líderes comunitarios locales. Las facilitadoras enfatizaron la importancia de la transparencia procesal.

Entre las autoridades presentes estuvieron la doctora Felicia Santos, vicealcaldesa de Los Alcarrizos, y Ángel Medina. Al encuentro asistió la licenciada Eva García, directora jurídica del ayuntamiento, junto a dirigentes políticos locales y público general. El taller se desarrolló en las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos de educación impulsados por el Tribunal Superior Electoral. El plan general busca promover el conocimiento de la legislación. Finalmente, la meta institucional es fortalecer la participación democrática de la ciudadanía. La formación continua garantiza el respeto a los derechos ciudadanos.

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