Legisladores del PRD y FP someten proyecto de resolución para proteger fuentes acuíferas y biodiversidad en El Aguacate
SANTO DOMINGO, República Dominicana – Legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP) sometieron a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para frenar el vertedero La Cuaba que se pretende instalar en la comunidad de El Aguacate, una zona de alto valor ecológico y vital para el abastecimiento de agua de miles de familias.
Oposición política y comunitaria
Los diputados Ramón Antonio Raposo Rodríguez (PRD) y Rafaela González González (FP) depositaron la iniciativa en la Secretaría General Legislativa, acompañados por 60 dirigentes comunitarios del distrito municipal La Cuaba. El proyecto responde al rechazo expresado por residentes, iglesias, productores agrícolas y organizaciones sociales, que han mantenido una jornada de resistencia durante semanas.
El ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, confirmó el 28 de abril de 2026 que ya se otorgaron los permisos para la construcción de una planta de valorización de residuos en El Aguacate. Sin embargo, la comunidad insiste en que se trata de un vertedero a cielo abierto que pondría en riesgo sus recursos hídricos.
El diputado Domingo De León Mascaró, también de la Fuerza del Pueblo y cuyo nombre aparece en el texto de la resolución, no firmó el documento, según consta en el expediente legislativo.
Protección de fuentes acuíferas
El proyecto de resolución busca salvaguardar los recursos naturales de La Cuaba, proteger las fuentes acuíferas, preservar la biodiversidad y garantizar el derecho de sus habitantes a un medio ambiente sano. La propuesta también plantea que el Ministerio de Medio Ambiente realice una evaluación técnica para declarar el área como de especial protección ambiental.
La zona propuesta para el vertedero La Cuaba se asienta directamente sobre la microcuenca del Río Matúa, a escasos 300 metros del punto proyectado. La escorrentía de un relleno sanitario provocaría la infiltración de lixiviados que contaminarían los arroyos Jurunela, La Pana, Fermín, La Granja, Laja y Cabuya, que desembocan en los ríos Matúa e Isabela.
Fundamento constitucional y legal
La iniciativa se sustenta en el artículo 67 de la Constitución, que establece el deber del Estado de prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente, y en el artículo 61, que reconoce la salud como un derecho fundamental. También se apoya en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, el Distrito Municipal de La Cuaba posee 11,768 habitantes, aunque organizaciones comunitarias estiman que la población supera los 26 mil. El vertedero recibiría aproximadamente 6 mil toneladas diarias de desechos del Gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal, lo que implicaría el traslado de residuos a más de 36 kilómetros de distancia.
Resistencia de cinco años
La comunidad de Los Aguacates de La Cuaba lleva cinco años librando una lucha contra el proyecto impulsado por la empresa Oakhouse. Los residentes denuncian sentirse «defraudados por sus dirigentes políticos» y han establecido un campamento cívico en las inmediaciones del terreno donde se pretende instalar el vertedero.
La resistencia ha unido a juntas de vecinos, empresarios, iglesias, profesionales y comerciantes. El alcalde, regidores y otras autoridades locales se han sumado a las manifestaciones pacíficas en rechazo al depósito de desechos. La comunidad prefiere preservar su vocación ecoturística y agrícola antes que convertirse en el nuevo destino de la basura del país.
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