La intervención de Ueno Bank desata una crisis política, mientras miles de ahorrantes esperan recuperar sus depósitos
ASUNCIÓN, Paraguay, – El presidente Santiago Peña presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de una crisis bancaria que sacude Paraguay. La decisión llegó después de que el Banco Central interviniera Ueno Bank y crecieran las presiones políticas contra su Gobierno.
Un banco bajo intervención
El Banco Central del Paraguay (BCP) decidió el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Al día siguiente, anunció públicamente la medida tras detectar un deterioro significativo de su solvencia. Según el organismo regulador, el índice patrimonial cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido. La situación surgió después de ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización.
Asimismo, la crisis afectó a una entidad con aproximadamente tres millones de clientes, según Associated Press. Numerosos depositantes quedaron temporalmente sin acceso a sus ahorros, mientras aumentaba la preocupación por los recursos públicos.
Fondos públicos bajo escrutinio
La crisis bancaria adquirió una dimensión política por la presencia de aproximadamente US$800 millones en depósitos públicos, incluidos recursos vinculados a pensiones y salud. Associated Press informó que los reguladores identificaron préstamos riesgosos y documentación insuficiente en operaciones relacionadas con empresas vinculadas a los propietarios del banco.
Sin embargo, esas irregularidades no demuestran que todos los depósitos públicos hayan desaparecido. Tampoco acreditan una responsabilidad penal personal del mandatario renunciante. Mientras tanto, el BCP anunció un primer pago de hasta diez millones de guaraníes para depositantes, mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
Renuncia bajo presión política
Peña anunció su salida mientras avanzaban las iniciativas parlamentarias para someterlo a juicio político. Según medios paraguayos, argumentó que su decisión buscaba preservar la estabilidad institucional y la tranquilidad nacional. Por su parte, el vicepresidente Pedro Alliana quedó llamado a asumir la conducción del país conforme al procedimiento constitucional correspondiente.
La renuncia convirtió el problema financiero en una crisis institucional de alcance nacional. Además, abrió interrogantes sobre la supervisión bancaria y las responsabilidades de los organismos encargados de proteger los depósitos.
El contraste dominicano
En República Dominicana, el debate sobre el endeudamiento público plantea preguntas diferentes, aunque igualmente relevantes para la rendición de cuentas. Según la Dirección General de Presupuesto, la deuda del sector público no financiero alcanzó US$68,171.1 millones en septiembre de 2026. Ese monto representaba el 47 % del producto interno bruto.
No obstante, el saldo acumulado no permite atribuir toda esa deuda al Gobierno de Luis Abinader. Tampoco demuestra, por sí mismo, que los recursos carezcan de justificación. La crisis bancaria paraguaya vuelve a colocar bajo escrutinio la vigilancia financiera, la transparencia estatal y la protección de los ahorros ciudadanos. En ambos países, la exigencia de información verificable constituye un elemento esencial para evaluar la gestión de los recursos públicos.
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