El debate sobre la cápita diferenciada expone las grietas del sistema de salud y enciende las alarmas en el sector
SANTO DOMINGO, República Dominicana – En un auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) lleno de preguntas sin resolver, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) plantó cara a la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Lejos de apaciguar los ánimos, el panel «Cápita Diferenciada: Diseñarla bien y hacer lo correcto» evidenció que la cápita diferenciada no es solo un ajuste técnico, sino un campo de batalla legal y financiero. Mientras el sector privado se divide, los afiliados observan con incertidumbre cómo se redefine el dinero que paga por su salud.
El corazón del conflicto: ¿Equidad o riesgo financiero?
El origen de la controversia es un mecanismo de pago que busca sustituir la tarifa plana vigente desde 2007. La Resolución 624-02 propone que las ARS reciban un monto por afiliado ajustado según su edad y sexo, argumentando que quienes tienen más adultos mayores o mujeres en edad fértil —grupos de mayor demanda médica— deben recibir más recursos . Sin embargo, para ADIMARS, que agrupa a las ARS más pequeñas, esta fórmula es una sentencia de muerte anunciada.
Durante el encuentro, que tuvo como escenario la Facultad de Ciencias de la Salud, los especialistas convocados por ADIMARS desmontaron pieza por pieza la decisión del CNSS. El economista Fernando Caamaño, exsuperintendente de Salud, fue tajante al calificar la medida como inoportuna y mal gestionada. A juicio de los expertos, modificar el flujo de más de 10 mil millones de pesos sin un estudio actuarial profundo y con datos anteriores a 2020 es una irresponsabilidad que podría hundir a las ARS que hoy cubren a más de un millón de dominicanos .
Las dudas legales que empañan la resolución
En el plano jurídico, las críticas adquirieron un tono aún más grave. El constitucionalista Eduardo Jorge Prats y el abogado Manuel Fermín Cabral coincidieron en señalar que el procedimiento seguido por el CNSS cojea de forma estructural. Según lo debatido en el panel, existen inconsistencias en las actas del Consejo y una evidente omisión del proceso de consulta pública que exige la Ley 107-13 .
La falta de transparencia denunciada no es un detalle menor. Si el Tribunal Superior Administrativo acoge los argumentos de ADIMARS y declara nula la resolución, todo el andamiaje sobre el que se pretendía construir la cápita diferenciada se vendría abajo. Los juristas insistieron en que no se puede hablar de hacer lo correcto cuando se saltan los candados del debido proceso y la información clave se presenta después de las votaciones.
El factor humano y la advertencia a los trabajadores
Uno de los momentos de mayor tensión simbólica del debate fue la intervención del Dr. José David Abel González, quien puso rostro a las estadísticas. Su advertencia fue directa: si las ARS pequeñas desaparecen por un modelo mal calculado, la libre elección de los afiliados se convertirá en un espejismo. El mercado quedaría en manos de un oligopolio de dos o tres grandes empresas, diluyendo la competencia y, probablemente, la calidad del servicio .
Esta preocupación no es ajena a los trabajadores. ADIMARS, en una jugada estratégica, ha buscado alianzas con sectores sindicales como la CASC, entendiendo que el debate no puede quedarse en las élites técnicas. La sostenibilidad financiera del sistema no es un concepto abstracto; se traduce en la capacidad de una mujer embarazada o un envejeciente de obtener sus medicamentos a tiempo. Lo que está en juego, como se reiteró en el evento, es el derecho fundamental a la salud de los verdaderos dueños del sistema: los afiliados.
Un llamado a la cordura y al rediseño técnico
Al cierre del evento, moderado por Alba Joselin Holguín, directora ejecutiva de ADIMARS, quedó flotando en el aire una sensación de déjà vu. Una vez más, el sistema de salud dominicano se encuentra en una encrucijada donde lo urgente (la redistribución del dinero) parece querer imponerse sobre lo importante (la calidad y equidad del servicio). La entidad dejó claro que no se opone al ajuste por riesgo, pero sí a un modelo que, por su pobreza técnica, genera más problemas de los que resuelve. La pelota está ahora en el tejado del Poder Ejecutivo y del Tribunal Superior Administrativo. Mientras tanto, los dominicanos esperan que, en esta ocasión, se haga lo correcto, no solo lo conveniente para los bolsillos de unos pocos.
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