El comentarista y catedrático fue llevado a la Fiscalía de Santo Domingo Este en medio de un debate sobre libertad de expresión y el nuevo Código Penal
SANTO DOMINGO, República Dominicana – La detención momentánea del comentarista y analista político Jhanel Ferreras la noche del jueves ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión en el país. Agentes de la Policía Nacional ejecutaron una orden de conducencia y lo trasladaron a la Fiscalía de Santo Domingo Este, ubicada en la avenida Puerto Rico.
Un traslado con denuncia incluida
El propio catedrático Ferreras informó sobre su traslado mediante un audio difundido en redes sociales. En el mensaje, el comunicador señaló a la fiscal Karen Guillén como la funcionaria a cargo del procedimiento. Según la versión ofrecida por el detenido, la medida responde a una denuncia interpuesta por ciudadanos haitianos en su contra. Los querellantes habrían reaccionado a sus pronunciamientos públicos y a su labor de difusión en defensa de la soberanía nacional.
Durante el trayecto hacia la sede del órgano persecutor, Ferreras hizo un llamado a sus seguidores para que se apostaran en el lugar. El hecho ocurre en un clima de tensión generado por la reciente aprobación del Código Penal.
El fantasma de la “ley mordaza”
Diversos sectores han calificado algunas disposiciones del nuevo código como una «ley mordaza». El temor a que normas redactadas de forma amplia puedan producir autocensura ha sido una constante en el debate público.
La controversia estalla a pesar de los esfuerzos previos articulados en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader escuchó las alertas de comunicadores. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado despacharon una redacción que desoyó salvaguardas clave para la prensa.
Sin explicaciones oficiales
Tras ser presentado ante el despacho correspondiente, Jhanel Ferreras fue puesto en libertad. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales para precisar el origen y los fundamentos legales del requerimiento. La falta de transparencia profundiza la preocupación entre periodistas y creadores de contenido.
La libertad de expresión no es un derecho absoluto. La Constitución dominicana exige que se ejerza respetando otros derechos, como el honor y la intimidad. El problema surge cuando las sanciones son tan amplias que generan un efecto inhibidor: que las personas prefieran callar por miedo a enfrentar un proceso penal.
Un precedente peligroso para la prensa
El nuevo Código Penal, que entra en vigor el 3 de agosto, tipifica la difusión ilícita de contenido íntimo o reservado con penas de hasta un año de prisión. Los párrafos más severos elevan la sanción hasta 10 años cuando la difusión busca el descrédito público.
La falta de precisión técnica en la ley deja a criterio de los jueces la interpretación del interés público legítimo. Esta indeterminación coloca un freno al periodismo de investigación y al derecho ciudadano a la fiscalización social. Bajo el nuevo articulado, cualquier funcionario implicado en un escándalo podrá alegar confidencialidad para someter al periodista a un proceso penal.
La libertad de expresión en República Dominicana enfrenta así una prueba de fuego. El caso Ferreras no es un hecho aislado, sino el síntoma de un modelo que criminaliza la disidencia. Mientras el Estado no ofrezca explicaciones claras, la sombra de la mordaza seguirá alargándose sobre quienes osan hablar.
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