¿Hasta cuándo creerán que la memoria popular es tan corta como sus prescripciones?
El blindaje silencioso
El mundo enfrenta una primavera de ajustes de cuentas contra la corrupción sistémica. Guatemala eligió a un anti-sistema. Perú encarcela a sus ex presidentes uno tras otro. Ecuador recupera activos robados. Pero aquí, en República Dominicana, la gente sigue su cotidianidad entre el colmado y la banca de lotería, mientras los funcionarios se permiten esa desconexión criminal. ¿La última víctima? La Operación Cobra 2.0. Un expediente de 135 mil millones de pesos. Facturas falsas. Sobreprecios. Y una nación entera preguntándose si la impunidad será finalmente el destino de la Operación Cobra 2.0.
Un peligro latente
Aquí no hubo un “descuido administrativo”. Hubo un entramado. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) destapó la olla. Hablamos del caso Antipulpo. Mecanismos de desvío. Contratos amañados. Tres años después, el expediente camina con pasos de plomo. Mientras tanto, los acusados, algunos con apellidos que suenan a vieja política, siguen en sus casas. ¿Recuerdan la frase lapidaria de Cicerón? “La primera ley de la historia es no temer a ninguna mentira”. Pues el gobierno no teme a la verdad. Lo grave es que el pueblo ya no se asombra. Ese es el triunfo sucio del poder: volvernos tolerantes al robo.
¿Dónde están los nombres?
Usted, lector, ponga atención. El exministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, fue vinculado por adjudicaciones directas en la construcción de la Circunvalación de Santo Domingo. El propio Contralor General, Catalino Correa Hiciano, señalado por el Ministerio Público de haber recibido sobornos. Y los imputados ni siquiera sudan. Mientras usted paga el peaje más caro del país o compra un bloque de cemento a precio de platino, ellos firman acuerdos de “devolución voluntaria” para que el caso prescriba. Eso no es justicia. Eso es una mascarada. El destino de la Operación Cobra 2.0 no puede ser el cajón frío del archivo judicial. Eso equivaldría a legalizar el saqueo.
Mire lo que pasó en Chile con el caso Convenios. Allá los políticos corruptos terminaron con prohibición de ejercer cargos públicos y penas efectivas. No con “arreglitos” de última hora. La diferencia es cultural: ellos tienen una ciudadanía que quema las plazas. Nosotros aplaudimos cuando nombran un director honrado, como si la honestidad fuera un lujo y no una obligación. Por eso insisto, con la voz ronca de tanto advertir: el blindaje a Antipulpo no es un error técnico, es una estrategia política. Si usted cree que dejarán caer a sus piezas, es porque no ha visto cómo operan. La ficha legal ya está vencida para la acción penal si siguen alargando el proceso.
Cierre de advertencia
Déjenme contarles una mini-anécdota. Un amigo juez en retiro me dijo una vez: “En RD, el que roba un millón va preso. El que roba mil millones se va a Suiza a tomar el fresco”. Eso es lo que está pasando con Cobra 2.0. Y la gente, esa gente del barrio que se tira al hombro el país, ya no es bruta. Sabe que si esto queda en nada, el mensaje es brutal: “Roben, pero háganlo con facturas y abogados caros”. No, mi pana. Así no es. Por eso el destino de la Operación Cobra 2.0 debe ser la cárcel, no el archivo. Porque como decimos en la sabiduría popular dominicana: “El pez por la boca muere, pero el corrupto por la impunidad resucita”.
Que no les vendan espejitos. Aquí el peligro ya está instalado. Y la pasividad oficial es una forma de complicidad.
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