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sábado, febrero 28, 2026

Instituto Duartiano exige mano dura en la frontera con la corrupción

En el 182 aniversario de la Independencia, la entidad patriótica señala la corrupción como el principal obstáculo para repatriar haitianos y pide al gobierno voluntad política para romper los «nudos» en la línea fronteriza

SANTO DOMINGO, República Dominicana – El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, lanzó este viernes un contundente llamado al presidente Luis Abinader para que acabe con la corrupción fronteriza y ponga «mano dura» en el proceso de deportación de haitianos, asegurando que la promesa gubernamental de repatriar a 10 mil indocumentados por semana no se ha visto reflejada en los operativos. Durante una ofrenda floral en el Altar de la Patria por el 182 aniversario de la Independencia Nacional, Gómez Ramírez fue tajante: la falta de voluntad política y las mermas en los puntos de control están torpedeando la soberanía nacional.

El tapón de la corrupción

La denuncia del Instituto Duartiano pone el dedo en la llaga de un mal endémico que históricamente ha socavado las políticas migratorias en el país. Gómez Ramírez explicó que no basta con prometer operativos si los propios empleados y autoridades en la zona de frontera facilitan el trasiego de personas a cambio de dinero fácil. «Todos esos vehículos que son detenidos con el trasiego de haitianos son porque han pasado por determinados puntos, han salido de puntos nacionales», afirmó el dirigente patriótico, dejando claro que existe una red de complicidad que permite que la migración irregular fluya sin control.

La entidad que vela por el legado del patricio entiende que, mientras existan esos «nudos de corrupción», cualquier intento de ordenar el flujo migratorio será un peine de bolsillo. Para Gómez, la solución está en poner la inteligencia dominicana a trabajar en la zona para identificar y extirpar a los malos servidores que lucran con la necesidad de los migrantes y la vulnerabilidad de las fronteras.

Cifras que abruman

Mientras el gobierno y los organismos internacionales chocan en sus narrativas, las estadísticas oficiales y de prensa recientes dibujan un panorama complejo. Según datos de la Dirección General de Migración (DGM), citados por Alcarrizos News, solo en el año 2025 fueron deportados 379,553 extranjeros en situación irregular, la gran mayoría haitianos, lo que representa un aumento del 84% en los últimos cuatro años. Sin embargo, organizaciones como UNICEF han denunciado que la dureza de las repatriaciones ha afectado incluso a menores no acompañados, con al menos 1,800 niños expulsados en lo que va de año, una cifra que el gobierno dominicano niega rotundamente.

La promesa presidencial de 10 mil repatriaciones semanales contrasta con la realidad de una frontera porosa y denuncias de abusos que han llegado a oídos de la comunidad internacional, incluyendo advertencias de la embajada de los Estados Unidos sobre perfiles raciales y detenciones arbitrarias.

El llamado a la calle

En su alocución, Gómez Ramírez también respaldó las movilizaciones que organizaciones como la Antigua Orden Dominicana planean realizar hacia Higüey para exigir la salida de los haitianos indocumentados. El presidente del Instituto Duartiano hizo un llamado a que estas protestas sean «cívicas y pacíficas, aunque enérgicas», pero advirtió que la autoridad debe verificar si la presencia migratoria descontrolada que se denuncia desde diversos puntos del país es tan crítica como se pinta. Este respaldo institucional añade presión al gobierno de Abinader, a quien le recordaron que la protección de la soberanía nacional no es un tema de un solo día de fiesta patria, sino una lucha diaria que requiere hechos, no solo discursos. «La población dominicana merece ver con hechos las promesas», sentenció Gómez, en un claro mensaje de que el pueblo está en la jugada y no dejará que el tema se enfríe en la nevera del olvido.

Legado en juego

El Instituto Duartiano vinculó directamente la situación migratoria actual con el legado de Juan Pablo Duarte, advirtiendo que la corrupción y la falta de control en la frontera son una amenaza directa a la soberanía que tanto costó conseguir hace 182 años. Mientras el gobierno asegura que sus operativos se realizan con respeto a los derechos humanos y bajo el marco de la ley 285-04, las denuncias sobre maltratos, hacinamiento en centros de detención como el de Haina y la corrupción de guardias fronterizos que cobran peaje para dejar pasar a migrantes siguen saliendo a flote. El granito de arena que mueve la montaña de la desconfianza ciudadana está servido, y ahora la pelota está en el tejado del Palacio Nacional, donde la promesa de mano dura deberá enfrentarse al monstruo de la corrupción que, como un dañoso, carcome los cimientos del Estado.

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