El Estado dominicano está confundiendo protección con castigo, y esa confusión puede terminar rompiendo lo poco que queda en pie
El desorden institucional
En muchos países de América Latina, cuando el Estado no sabe qué hacer con sus adolescentes más difíciles, los empuja hacia instituciones débiles, saturadas y políticamente solas. Pasa en barrios de Colombia, en periferias de Brasil, en cinturones pobres de México y también aquí, en República Dominicana, donde demasiadas veces se gobierna apagando fuegos con cubetas rotas. La crisis del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) no es un accidente administrativo. Es el retrato de un Estado que mezcla protección social con persecución penal juvenil, como si un niño abandonado y un adolescente en conflicto con la ley fueran la misma cosa. No lo son. Y cuando se confunden, se daña todo.
CONANI existe para proteger derechos, articular políticas públicas y atender situaciones de vulnerabilidad, abandono, abuso, negligencia o desamparo. Esa es su naturaleza. Esa es su razón de ser. Pero una cosa es proteger a un niño vulnerado y otra muy distinta es custodiar o gestionar adolescentes vinculados a infracciones penales. Ahí entra otro mundo: fiscales especializados, tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes, sala penal, medidas socioeducativas, internamiento provisional, ejecución de sanciones y programas de reinserción. Es decir, justicia penal juvenil. No caridad. No improvisación. No “resuélveme eso ahí, que no hay dónde meterlo”.
Por eso, la crisis de CONANI debe leerse con lupa y sin ñoñería. La Ley 136-03 no creó un saco roto institucional. Creó un sistema. Los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes tienen competencia especializada y se organizan en sala civil y sala penal. La sala civil conoce guarda, adopción, alimentos, visitas y protección. La sala penal conoce infracciones cometidas por adolescentes y delitos en perjuicio de menores. Esa división no es decoración jurídica. Es una frontera de civilización. Cuando se viola, el Estado entra en desorden, y el más vulnerable paga la cuenta.
Responsabilidad compartida
La magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), ocupa una posición relevante dentro del Ministerio Público en los asuntos vinculados a delitos que afectan a menores de edad. Esa función no debe confundirse con la Dirección Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (DINAIA), órgano relacionado con la atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal. La precisión es necesaria, porque en este debate cualquier confusión puede terminar creando responsabilidades donde la ley establece competencias distintas. Sin embargo, el punto de fondo permanece: el país necesita una coordinación más clara, más firme y más transparente entre protección, persecución penal, tribunales especializados y atención socioeducativa.
La Procuraduría, CONANI, DINAIA, DINNAF y los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes no pueden operar como islas separadas frente a una realidad que golpea la puerta todos los días. Cada órgano tiene un mandato, una frontera y una responsabilidad. Por tanto, cuando el sistema no delimita bien esas funciones, el problema no lo paga la burocracia; lo pagan los menores, las familias, los equipos técnicos y la sociedad. Aquí no se trata de señalar por señalar. Se trata de exigir que el Estado dominicano deje de responder con remiendos a una crisis que demanda política pública, presupuesto, centros adecuados, supervisión judicial y programas reales de reinserción.
Alerta social
La antropología enseña que toda sociedad revela su alma en la forma en que trata a sus niños, sus presos y sus viejos. Ahí no hay maquillaje posible. Se puede inaugurar carreteras, metros, teleféricos, cortar una cinta, montar una campaña bonita y hablar de modernización. Pero si el niño abandonado, el adolescente agresivo, la víctima de abuso y el infractor penal terminan mezclados en una misma respuesta institucional, entonces el país no está protegiendo derechos. Está jugando al azar con vidas humanas. Como dijo Hannah Arendt, la banalidad del mal aparece cuando la gente deja de pensar y solo obedece procedimientos. Aquí pasa algo parecido: se tramita el caos como si fuera un expediente.
CONANI: El saco roto institucional
La crisis de CONANI, por tanto, no debe verse como una pelea de nombres. Es una advertencia social. Detrás de cada adolescente en conflicto con la ley puede haber una cadena de fracasos: familia rota, escuela débil, barrio sin oportunidades, violencia normalizada, drogas, abandono, abuso, hambre emocional y una autoridad pública que muchas veces llega tarde. Pero entender esas causas no significa negar la responsabilidad penal juvenil. Al contrario. Significa responder con inteligencia. Ni mano floja ni garrote ciego. Centros especializados, jueces competentes, fiscales preparados, intervención psicológica, educación, disciplina y reinserción. Eso cuesta dinero, sí. Pero más caro sale improvisar.
El Estado dominicano debe decidir si quiere fortalecer de verdad el sistema de protección y justicia juvenil o si seguirá reaccionando cuando la situación ya está encima. La crisis de CONANI no se corrige con comunicados, fotos ni reuniones de emergencia. Se corrige separando funciones, fortaleciendo tribunales, activando rutas claras, apoyando a DINAIA, coordinando con la Procuraduría y defendiendo la misión original de CONANI. Si no se hace, vendrán más escándalos, más instituciones desgastadas y más menores revictimizados. Y entonces no digan que nadie lo advirtió. En buen dominicano: cuando el río suena, es porque agua trae; y cuando el Estado se hace el loco, la sociedad termina pagando los platos rotos.
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