La “ley mordaza” pone en duda la solidez democrática y la protección real de la libertad de expresión en República Dominicana
El Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento y la sombra de la “ley mordaza” en la República Dominicana
El 20 de septiembre el mundo celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, un derecho fundamental que sustenta la democracia y fomenta el debate plural. En República Dominicana, esta fecha adquiere una relevancia particular: no solo marca los avances en la defensa de este derecho, sino que también desnuda las amenazas que lo acechan en forma de proyectos legislativos restrictivos conocidos como “ley mordaza”. La ley mordaza en República Dominicana refleja la eterna tensión entre el poder político y el derecho ciudadano a cuestionarlo.
Una Constitución clara, pero amenazada
El artículo 49 de nuestra Constitución consagra la libertad de expresión como un derecho inalienable, garantizando que cada ciudadano pueda expresar sus ideas sin censura previa. Sin embargo, en los últimos años los intentos de introducir una “ley mordaza” han alarmado a la población dominicana, en especial a comunicadores, activistas y organizaciones civiles. Estas propuestas, bajo la excusa de regular la desinformación o proteger el honor, suelen incorporar definiciones vagas y sanciones desproporcionadas que abrirían la puerta a la censura.
En particular, un proyecto de ley para regular la comunicación digital ha encendido las alertas. Sus defensores aseguran que busca frenar la difamación y las noticias falsas, pero críticos denuncian que la ambigüedad en términos como “daño moral” o “desinformación” puede usarse para perseguir a periodistas incómodos o ciudadanos críticos en redes sociales.
Censura disfrazada de regulación
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, República Dominicana descendió a la posición 43 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025. En la edición 2025 del índice, la República Dominicana descendió del lugar 35 al 43, registrando una puntuación de 69.87, lo que representa una caída respecto a los 73.89 puntos obtenidos el año anterior y evidencia un retroceso en los estándares de evaluación alcanzados previamente.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que la seguridad de los periodistas en la República Dominicana ha sufrido un retroceso, aunque matizó que, en términos generales, aún ejercen su labor en condiciones consideradas “satisfactorias”.
En un país donde la corrupción ha sido un tema recurrente, otorgar al Estado herramientas para castigar opiniones incómodas equivale a dinamitar el periodismo investigativo y reducir la fiscalización ciudadana. Además, el impacto va más allá del periodismo: ciudadanos comunes podrían enfrentar procesos legales simplemente por un comentario crítico en Facebook o Twitter.
El efecto paralizante de la autocensura
La ley mordaza en República Dominicana no solo amenaza con castigos legales. Su mayor peligro está en la autocensura. Cuando los ciudadanos temen represalias por opinar, el debate público se empobrece. En contextos donde los medios tradicionales están concentrados en pocas manos, las plataformas digitales han sido refugio de voces alternativas. Una regulación restrictiva sobre este espacio digital podría asfixiar el pluralismo y empujar a la sociedad a un monólogo controlado por quienes detentan el poder.
Falta de transparencia legislativa
Otro punto alarmante es la opacidad en la tramitación de estas leyes. Proyectos han sido discutidos sin consultar a gremios periodísticos o sociedad civil, lo que despierta dudas sobre las verdaderas intenciones. La ciudadanía, sin embargo, ha demostrado resistencia. Movimientos sociales, gremios de prensa y organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa han levantado la voz contra estos intentos, frenando iniciativas en varias ocasiones.
El verdadero desafío: combatir la desinformación sin censura
No cabe duda de que la desinformación es un problema real. Según datos de la Unesco, el 63 % de dominicanos reconoce haber compartido alguna vez noticias falsas sin verificar. Combatir este fenómeno es necesario, pero hacerlo mediante censura solo agrava la crisis. La alternativa debe ser fortalecer la alfabetización mediática, invertir en educación digital y garantizar mayor transparencia gubernamental. Un pueblo informado es menos vulnerable a la manipulación, sin necesidad de recurrir a mordazas legales.
Un compromiso democrático pendiente
El Día Mundial de la Libertad de Expresión debería ser un recordatorio de que este derecho no está garantizado de forma automática. Cada intento de aprobar una ley mordaza en República Dominicana demuestra que siempre habrá quienes busquen limitarlo. La responsabilidad de defenderlo recae en periodistas, activistas, legisladores responsables y ciudadanos conscientes.
En conclusión, la democracia dominicana solo puede consolidarse sobre la base de un debate público libre y plural. La “ley mordaza” no representa un escudo contra la desinformación, sino un arma contra la crítica. Que este 20 de septiembre los dominicanos encuentren inspiración para rechazar cualquier forma de censura y reafirmar que la libertad de pensamiento no es un lujo, sino un pilar de la vida democrática.
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